“Nos amenazaron con esposarnos si no firmábamos”. Detenidos en el centro migratorio de Folkston denuncian presuntas amenazas, presiones y uso de la fuerza

Detenidos de distintas nacionalidades recluidos e Centro de Procesamiento de ICE en Folkston denunciaron que han recibido presiones para firmar documentos relacionados con sus casos, amenazas de ser esposados y situaciones en las que, según sus testimonios, se habría utilizado la fuerza para obtener sus huellas dactilares.

Las denuncias aparecen en un video grabado el 29 de septiembre de 2026 por inmigrantes detenidos en el centro en mención, según la información proporcionada por Sofía Vega, esposa de uno de los hombres que aparece en la grabación. En el material, varios detenidos relatan sus experiencias y expresan temor por el rumbo de sus procedimientos migratorios y por la posibilidad de ser deportados.

Los testimonios corresponden a personas de diferentes nacionalidades, entre ellas cubana y ucraniana, así como a otros inmigrantes que describen sus circunstancias personales y legales. Aunque cada caso presenta diferencias, varios relatos coinciden en una preocupación: la presión que, según los detenidos, sienten cuando se niegan a firmar documentos o a realizar trámites que consideran que podrían afectar sus procesos.

Las declaraciones del video constituyen testimonios de los propios detenidos. La grabación permite conocer sus versiones de lo ocurrido y las preocupaciones que expresan sobre sus casos migratorios.

Denuncian amenazas para obtener firmas y huellas

Uno de los testimonios más detallados corresponde a Jefferson Manuel Silva Gutiérrez. El detenido relata que un oficial le pidió que proporcionara sus huellas dactilares y que él se negó porque quería continuar con su proceso migratorio. Según explica, había recibido asesoría legal y no quería firmar ni colocar sus huellas en un documento sin tener claridad sobre sus consecuencias.

Silva Gutiérrez afirma que, tras negarse, el oficial lo amenazó con ponerle las esposas y le indicó que podía obligarlo a proporcionar las huellas o utilizar las que ya estaban registradas desde su ingreso al centro. En su relato, el detenido expresa preocupación por las implicaciones que ese trámite pudiera tener para su caso.

Otro de los hombres que habla en el video, Carlos Loaiza, también denuncia presiones para que los inmigrantes firmen documentos contra su voluntad. Según su testimonio, los detenidos enfrentan amenazas de ser esposados si se niegan a cooperar.

Loaiza describe además un incidente que, según afirma, ocurrió dos días antes de la grabación. Relata que un detenido que se habría negado a firmar o habría roto un documento fue esposado, tirado al suelo y sometido para obtener sus huellas dactilares.

Las denuncias de ambos hombres apuntan a una preocupación común entre los participantes del video: la posibilidad de que la negativa a firmar un documento o a participar en un trámite sea respondida con amenazas o fuerza física.

Un testigo ucraniano dice haber escuchado amenazas

Vladislav Shiroki, de nacionalidad ucraniana, ofrece otro relato relacionado con el caso de Silva Gutiérrez. Shiroki afirma que presenció una situación en la que, según su versión, un oficial amenazó con utilizar la fuerza y colocarle las esposas al detenido.

El hombre también cuestiona que se le haya presentado su proceso como concluido. Según explica, todavía tenía una fecha pendiente ante un tribunal y, por esa razón, no consideraba que su situación estuviera resuelta o que su caso estuviera cerrado.

Su testimonio refleja una preocupación que aparece en otras intervenciones: el temor de los detenidos a que las decisiones o los documentos que se les presentan no reflejen el estado real de sus procedimientos migratorios.

Un detenido cubano denuncia meses de incertidumbre

Edilioan Machado Serrano, de nacionalidad cubana, dice llevar aproximadamente diez meses detenido. En su intervención, describe lo que considera un trato injusto y expresa preocupación por las presiones que, según su relato, enfrentan los inmigrantes durante sus procedimientos.

Su testimonio se suma al de otros participantes que hablan de largos periodos de detención, falta de claridad sobre sus casos y temor ante la posibilidad de que una firma o una decisión tomada bajo presión tenga consecuencias para su futuro.

Otros hombres que aparecen en el video mencionan traslados entre centros de detención, procedimientos migratorios prolongados y antecedentes o circunstancias personales que, aseguran, influyen en sus casos. Algunos describen situaciones relacionadas con procesos judiciales todavía pendientes; otros expresan temor a ser enviados a países con los que tienen vínculos limitados o a los que no desean regresar.

En conjunto, sus testimonios reflejan la incertidumbre que dicen experimentar mientras permanecen detenidos y esperan una resolución sobre su situación migratoria.

Un hombre que afirma llevar 35 años en Estados Unidos

Entre las historias más destacadas aparece la de Stanley Akhliansky, nombre escrito fonéticamente según se escucha en la grabación. El hombre afirma que lleva 35 años en Estados Unidos, que sirvió cinco años en la Marina estadounidense y que ha permanecido detenido durante aproximadamente ocho meses.

En su denuncia, menciona un antecedente por un delito menor en California en 1994, una decisión migratoria previa que, según su relato, le permitió salir de detención, menciona además sus vínculos familiares en Estados Unidos, pues afirma estar casado con una ciudadana estadounidense que tiene problemas de salud y tener hijos nacidos aquí.

Su testimonio muestra otra dimensión de las historias reunidas en el video: la de personas que aseguran haber construido su vida familiar durante décadas en el país y que ahora enfrentan la posibilidad de una separación prolongada o una deportación.

José Vega: una detención cuestionada ante un tribunal federal

Entre los hombres que aparecen en la grabación está José Vega, esposo de Sofía Vega. Su situación tiene una particularidad: su detención fue objeto de una petición ante un tribunal federal, cuya resolución y la posterior denegación de fianza forman parte de los documentos proporcionados a NotiVisión Georgia.

José lleva aproximadamente un año detenido, según su esposa. Sofía sostiene que la incertidumbre sobre su caso ha afectado profundamente a su familia y que, pese a los pasos legales emprendidos, su esposo continúa recluido.

El 30 de abril de 2026, el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Georgia emitió una orden en el caso José Víctor Vega Vargas vs. Warden, Folkston ICE Processing Center, número 5:26-cv-00479-LGW-BWC. El caso se presentó bajo la sección 2241 del título 28 del Código de Estados Unidos, un mecanismo utilizado para cuestionar determinadas formas de custodia.

En su resolución, el tribunal concluyó que el Gobierno no podía mantener a Vega detenido bajo la disposición migratoria de la sección 235(b)(2)(A) invocada en el caso. Sin embargo, aclaró que su detención podía estar autorizada bajo otra disposición, la sección 236(a), que contempla la detención discrecional en determinados procedimientos migratorios.

Por esa razón, el tribunal ordenó que se celebrara una audiencia individual de fianza ante un juez de inmigración dentro de un plazo de siete días. La resolución no ordenó la liberación inmediata de Vega ni declaró que toda posible base legal para mantenerlo detenido fuera inválida. Dispuso que su situación fuera examinada en una audiencia individual conforme al marco legal señalado por el tribunal.

De acuerdo con la resolución de inmigración proporcionada por la familia, la audiencia se celebró el 7 de mayo de 2026 y la solicitud de fianza fue denegada. El documento menciona, entre los elementos del caso, una condena por conducir bajo los efectos del alcohol en 2021 y un arresto posterior relacionado con violencia doméstica cuyas acusaciones, según la resolución, fueron desestimadas. El juez identificó el riesgo de fuga y el peligro para la comunidad como razones para negar la fianza.

Sofía cuestiona esa decisión. Afirma que presentó cartas de familiares, amigos y de un pastor para respaldar el carácter de su esposo y demostrar sus vínculos familiares y comunitarios. Según ella, esos documentos no recibieron el peso que esperaba y no se consideraron suficientemente las consecuencias de mantener a José separado de su familia. Esta es la valoración de Sofía; los documentos disponibles permiten conocer el resultado de la audiencia y las razones consignadas en la resolución, pero no bastan por sí solos para determinar cuánto peso se dio a cada prueba presentada.

La esposa de José también afirma que el procedimiento relacionado con su solicitud de alivio migratorio bajo la sección 42B lleva alrededor de ocho meses en apelación, sin una actualización que ella conozca. Ese plazo corresponde a la información que ha proporcionado la familia.

Sofía señala que José fue traído a Estados Unidos cuando tenía cuatro años. Ella es ciudadana estadounidense y juntos tienen dos hijos. Según su relato, José desempeñaba un papel central en el cuidado familiar antes de ser detenido, y la separación ha afectado el bienestar emocional y cotidiano del hogar.

Una carta profesional fechada el 10 de septiembre de 2026, incluida entre los documentos entregados por la familia, señala que la separación de la paciente de su pareja ha contribuido al deterioro de su salud mental, ha afectado su funcionamiento diario y ha hecho necesario ajustar su atención médica. El documento identifica a la paciente como Sofía Maldonado, nombre de soltera de Sofía Vega.

El expediente judicial y la resolución de fianza documentan decisiones concretas dentro del proceso de José Vega. Por separado, las declaraciones de su esposa describen el impacto familiar y su inconformidad con el resultado. La información disponible permite exponer ambos aspectos, pero no permite concluir por sí sola que se haya producido una violación del debido proceso.

Sofía Vega dice que los detenidos temen represalias

Sofía explica que su esposo es uno de los nueve detenidos que, según ella, participaron en el video. Identifica a Jefferson Silva Gutiérrez como el primero en hablar y a José como el último, con otros compañeros entre ambos.

Según Sofía, los hombres continúan preocupados por sus casos ya que algunos llevan más de seis meses detenidos. Afirma que sienten desesperación por la falta de avances que perciben y que decidieron grabar sus testimonios para que sus historias fueran escuchadas fuera del centro.

También sostiene que, después de la grabación y antes de que el video se hiciera público, algunos detenidos comenzaron a temer traslados debido a los comentarios de los oficiales de custodia que, según supo ella, aludían a la grabación. Sofía relata que su escuchó referencias similares a “vi tu video” y “eres famoso”. Interpreta esos comentarios como una forma de intimidación.

Sofía también denuncia que la comunicación por video estuvo bloqueada en el centro y considera que esto dificultó que los detenidos pudieran hacer llegar sus preocupaciones al exterior.

La mujer describe además un incidente durante una visita el 12 de octubre de 2026. Afirma que un empleado de recepción amenazó con cancelar su visita antes de que comenzara porque llevaba artículos para su hijo pequeño —entre ellos toallitas, pañales y un vaso de leche— que, según ella, no le permitieron ingresar a la sala. Dice que los días 10 y 11 de octubre había podido entrar con esos mismos artículos. La mujer considera que el trato fue intimidatorio.

Una organización comunitaria pide libertad y cierre de los centros

Las denuncias del video se producen en un contexto de preocupación comunitaria por las condiciones de detención migratoria en Folkston. Li Ann Sánchez, ED Community EsTr(El/La), afirma que su organización ha acompañado a más de 50 familias de personas detenidas y les ha facilitado orientación y referencias a recursos.

Li Ann sostiene que las familias necesitan información, acompañamiento y respuestas sobre la situación de sus seres queridos. Su demanda va más allá de mejorar las condiciones dentro de los centros: cuestiona la existencia misma de estas instalaciones.

“En sí, las principales [demandas son] libertad para ellos y […] que cierren las cárceles totalmente, porque no deberían de existir esas cárceles”, expresó Sánchez.

La activista también ha denunciado presuntas deficiencias en la atención médica y dental y cuestionado las condiciones laborales de algunos detenidos. Estas denuncias forman parte de sus señalamientos sobre el funcionamiento del sistema de detención migratoria.

Para las familias, las consecuencias de la detención no se limitan a los hombres que permanecen recluidos. También alcanzan a sus parejas, hijos y otros familiares que deben afrontar la incertidumbre legal, la separación y la reorganización de sus vidas cotidianas.

Dos instalaciones distintas en Folkston

Es importante distinguir el lugar identificado por Sofía como escenario de la grabación de otros reportes sobre detención migratoria en la zona. El video fue identificado como grabado en Folkston ICE Processing Center — Main, ubicado en 3026 Highway 252 East.

El Folkston D. Ray ICE Processing Center, anteriormente conocido como D. Ray James Correctional Facility, es una instalación distinta, ubicada en 3262 Highway 252 East. Aunque ambos centros se encuentran en la misma zona y están operados por The GEO Group, no deben confundirse.

Las denuncias contenidas en este video corresponden, según la información proporcionada por la familia, al centro Main. Los reportes sobre la huelga de hambre mencionada en publicaciones anteriores se refieren a D. Ray. Mantener esa distinción es esencial para no atribuir a una instalación testimonios o acontecimientos vinculados con la otra.

Las voces de los detenidos

El video reúne relatos distintos, pero con preocupaciones que se cruzan: temor a ser deportados, incertidumbre sobre procedimientos que consideran pendientes y denuncias de presión para firmar documentos o proporcionar huellas dactilares.

El caso de José Vega añade un elemento documentado a ese panorama: un tribunal federal examinó la base legal de su detención y ordenó una audiencia individual de fianza; posteriormente, un juez de inmigración negó esa solicitud. Su familia cuestiona el resultado y describe las consecuencias de la separación.

Las denuncias de los detenidos no sustituyen la revisión individual de sus expedientes, ni la documentación disponible permite dar por probados todos los episodios descritos en la grabación. Pero sus testimonios dejan constancia de las preocupaciones que dicen enfrentar dentro del centro y de la necesidad de examinar cada caso con precisión, sin confundir acusaciones, decisiones judiciales y hechos corroborados.