“Para mí, esto es un negocio”: las denuncias detrás de la huelga de hambre en Folkston

“Siempre le dan la razón a los oficiales, nunca escuchan al recluso”.

La frase resume una de las principales preocupaciones expresadas en un testimonio recibido por NotiVisión Georgia sobre la situación de los inmigrantes detenidos en el Folkston ICE Processing Center, ubicado en el sureste de Georgia, cerca de la frontera con Florida.

La fuente, cuya identidad se mantiene reservada por razones de seguridad, compartió denuncias y observaciones relacionadas con la huelga de hambre que comenzó a principios de octubre en la instalación. Su testimonio aborda las condiciones cotidianas, la atención médica, las decisiones sobre fianzas y las dudas que, según relató, existen entre los detenidos sobre los procedimientos que pueden determinar su futuro migratorio.

Aunque la protesta ha sido cubierta por otros medios nacionales, el testimonio recibido por NotiVisión Georgia aporta una perspectiva centrada en las preocupaciones de quienes están bajo custodia y de las familias que esperan noticias desde fuera: la incertidumbre, la falta de recursos y la sensación de no tener suficiente voz en decisiones que afectan sus vidas.

 

 

Una huelga para reclamar libertad y decisiones justas

Según la información compartida con NotiVisión Georgia, un grupo de detenidos invitó a otras personas a participar en la huelga de hambre. La protesta estaba prevista inicialmente para el 6 de octubre, pero habría comenzado la tarde del día anterior.

La fuente estimó que unas 250 personas de distintas nacionalidades se sumaron a la protesta. Esa cifra corresponde a su estimación y no ha sido confirmada de manera independiente.

Otros medios también informaron sobre la huelga. The Moscow Times publicó el 6 de octubre que detenidos en Folkston planeaban protestar por problemas relacionados con la atención médica y dental, las comunicaciones, el trato del personal y las condiciones de vida. El 7 de octubre, The Guardian informó que al menos 73 personas habían iniciado una huelga de hambre, según estimaciones recogidas por el medio.

Los reclamos descritos a NotiVisión Georgia incluyen la posibilidad de obtener libertad bajo fianza, decisiones más justas sobre los casos migratorios y la aceleración de los procedimientos de deportación para quienes ya tienen una orden final. No todos los participantes tendrían el mismo objetivo: mientras algunas personas buscan salir en libertad, otras quieren que se resuelva su situación sin prolongar la espera.

La fuente resumió parte de las exigencias con tres conceptos: “fianza, libertad y decisión honesta”.

También describió la percepción de que los conflictos con los oficiales pueden tener consecuencias para los detenidos, incluidas restricciones relacionadas con las llamadas a sus familiares. Estas afirmaciones plantean preguntas sobre los mecanismos disponibles para presentar quejas y las garantías para las personas bajo custodia.

Agua, alimentación y atención médica

Entre las preocupaciones transmitidas a NotiVisión Georgia figuran el suministro de agua, la calidad de los alimentos y las demoras para recibir atención médica.

La fuente describió problemas relacionados con el agua fría y caliente y un periodo durante el cual, según su relato, los detenidos habrían tenido que beber agua que consideraban tratada. También cuestionó la calidad del suministro y señaló que las condiciones podían cambiar con el tiempo.

La alimentación fue otro de los asuntos mencionados. “La comida en ningún sistema penitenciario es buena. Toda la comida es mala”, expresó la fuente. La frase transmite una valoración sobre las condiciones alimentarias, pero no permite establecer por sí sola la calidad nutricional de los alimentos ni determinar si se incumplió alguna norma.

El testimonio también incluyó preocupaciones sobre las labores que realizan algunos detenidos dentro de la instalación. Según la fuente, ciertas personas recibirían alrededor de un dólar por hora y estarían sometidas a presión para trabajar más rápido. La fuente cuestionó esas condiciones y las describió como un abuso de la confianza de quienes realizan esas tareas. No se obtuvieron registros de pago ni documentación laboral que permitieran confirmar la remuneración mencionada.

En cuanto a la atención médica, la información compartida apunta a quejas sobre demoras debido al número de personas detenidas. Estas denuncias no significan que todos hayan tenido la misma experiencia ni permiten establecer la frecuencia de las demoras. Para determinar el alcance de los problemas sería necesario revisar registros médicos, informes de inspección y respuestas de las autoridades responsables.

Las condiciones en Folkston ya habían sido objeto de escrutinio antes de la huelga. En julio de 2022, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional publicó un informe sobre una inspección del centro y su anexo, realizada en noviembre de 2021. El documento formuló 13 recomendaciones.

En julio de 2025, Georgia Public Broadcasting informó sobre hallazgos de inspecciones de ICE y la continuidad del contrato con GEO Group, la empresa privada que opera el centro. Estos antecedentes documentan que la supervisión de las condiciones de Folkston ya había suscitado preguntas públicas, aunque no confirman automáticamente las denuncias específicas relacionadas con la protesta actual.

“Las organizaciones son como fantasmas”

La fuente también cuestionó la comunicación entre las organizaciones externas que visitan centros de detención y las personas a las que buscan asistir.

Según el testimonio, algunos detenidos no siempre sabían qué organizaciones los visitaban ni cuál era el propósito de esas visitas. La fuente describió esa falta de información con una expresión contundente: “Son como fantasmas”.

También cuestionó que las visitas no necesariamente se tradujeran en conversaciones directas sobre las preocupaciones de los detenidos y expresó la percepción de que algunas mejoras en las instalaciones podían ser temporales.

No fue posible establecer a qué organizaciones se refería la fuente ni verificar qué acciones realizaron. Para evaluar esos señalamientos sería necesario conocer los registros de visitas, los objetivos de cada intervención y las medidas adoptadas posteriormente.

La fuente añadió que algunas personas detenidas podrían desconocer qué organizaciones ofrecen asistencia o cómo ponerse en contacto con ellas. Si ese desconocimiento existe, podría dificultar el acceso a recursos de apoyo durante un proceso migratorio.

Fianzas y nuevas detenciones: preguntas que siguen abiertas

Una de las denuncias más delicadas compartidas con NotiVisión Georgia se refiere a personas que, según la fuente, habrían obtenido la libertad bajo fianza y posteriormente habrían vuelto a quedar detenidas.

El testimonio menciona situaciones en las que algunas personas habrían regresado a custodia después de presentarse a citas relacionadas con el monitoreo electrónico o la supervisión migratoria. La fuente expresó preocupación por lo que describió como una aparente contradicción entre haber obtenido la liberación y volver a quedar detenido poco tiempo después.

Al explicar esa desconfianza, dijo que algunas personas habrían salido en libertad y regresado al centro aproximadamente 15 días después de presentarse para que les colocaran un dispositivo de monitoreo. También planteó dificultades económicas relacionadas con el pago de fianzas.

Para entender estas situaciones es necesario distinguir entre salir de la custodia y resolver definitivamente un caso migratorio. Una persona puede ser liberada bajo fianza y continuar enfrentando un proceso ante la corte de inmigración. La fianza permite la liberación bajo determinadas condiciones, pero no equivale a una autorización migratoria permanente ni significa que el procedimiento haya terminado. Las audiencias de fianza son distintas de las que determinan si una persona puede permanecer en Estados Unidos, según explica el manual de procedimientos de las cortes de inmigración del Departamento de Justicia.

ICE puede mantener o recuperar la custodia en determinadas circunstancias previstas por la ley. Las razones y los procedimientos aplicables dependen de cada caso y pueden estar relacionados con la situación migratoria de la persona, la existencia de una orden de deportación, las condiciones de liberación u otras circunstancias relevantes.

Sin conocer el expediente y el fundamento específico de una nueva detención, no es posible determinar por qué se tomó esa decisión ni si estuvo legalmente justificada. Presentarse a una cita de supervisión tampoco permite, por sí solo, establecer la causa de una detención posterior.

Las preguntas que plantea el testimonio son concretas: ¿qué cambió en la situación de una persona que ya había sido liberada?, ¿qué autoridad tomó la decisión de detenerla nuevamente?, ¿cuál fue el fundamento legal?, ¿se explicó la decisión y qué opciones tenía la persona para cuestionarla?

Al referirse a estas situaciones y a las dificultades que, según dijo, enfrentan algunos detenidos, la fuente expresó una opinión que resume su desconfianza hacia el sistema: “Para mí, esto es un negocio”.

La frase debe entenderse como una valoración personal, no como prueba de que las decisiones de fianza o detención se tomen con fines comerciales. Su relevancia reside en la percepción que transmite y en las preguntas que deja abiertas sobre la transparencia de los procedimientos.

Denuncias sobre firmas y documentos migratorios

El testimonio también incluyó acusaciones de que algunos detenidos habrían sido presionados para firmar documentos migratorios o proporcionar sus huellas dactilares.

Según la fuente, habría habido situaciones en las que las personas eran llevadas a habitaciones para firmar documentos y, si se negaban, podían ser sujetadas por varios oficiales para obtener la firma o la huella.

La fuente mencionó además el caso de una persona que, según su relato, habría sido deportada y posteriormente habría vuelto a quedar bajo custodia migratoria en Estados Unidos.

Se trata de acusaciones graves. Los documentos migratorios pueden tener consecuencias muy distintas según su contenido y el procedimiento en que se utilicen. Para determinar qué ocurrió en una situación concreta sería necesario conocer qué documento se presentó, qué información recibió la persona, en qué circunstancias lo firmó y qué medidas se tomaron después.

Sin los documentos correspondientes ni los expedientes individuales, no es posible establecer si hubo coacción, cuál fue el fundamento de la deportación mencionada o por qué esa persona habría vuelto a quedar bajo custodia. Las preguntas sobre la voluntariedad de las firmas y las consecuencias de los documentos requieren explicaciones oficiales y pruebas específicas.

Aislamiento y temor a reclamar

Otra de las preocupaciones transmitidas a NotiVisión Georgia se relaciona con las celdas de aislamiento o castigo, conocidas coloquialmente por algunos detenidos como “el hoyo”.

Según lo que la fuente dijo haber escuchado de otras personas, las condiciones podían incluir restricciones para ducharse y poco tiempo para el aseo personal. También señaló que algunas personas regresaban de ese espacio con temor a volver.

Estas afirmaciones corresponden a relatos atribuidos a terceros y no han sido corroboradas de manera independiente. Para establecer qué condiciones se aplicaron, durante cuánto tiempo y bajo qué circunstancias sería necesario contar con registros de la instalación, testimonios adicionales o una inspección independiente.

La cobertura de The Verge sobre la protesta informó que detenidos habían utilizado el sistema de videollamadas del centro para mostrar las condiciones de la instalación. El medio también reportó, citando a una persona defensora de los inmigrantes, que algunos participantes habrían sido trasladados a aislamiento después de la difusión del video. Ese reporte aporta contexto sobre las preocupaciones que rodearon la protesta, pero no confirma por sí solo todas las situaciones descritas en el testimonio recibido por NotiVisión Georgia.

El costo humano de la detención

Las consecuencias de la detención migratoria no terminan en una instalación. También alcanzan a las familias que esperan noticias y deben reorganizar sus vidas sin saber cuándo volverán a reunirse.

Al hablar de la deportación de personas que contribuyen económicamente a sus hogares, la fuente describió el impacto que esas decisiones pueden tener sobre los niños y quienes quedan a cargo de ellos.

“Muchos de nosotros los varones somos pilares en las casas, en los hogares”, expresó en el testimonio. Al describir las consecuencias para las familias, añadió: “Quedan niños abandonados. Quedan madres solteras que no hayan qué hacer con los útiles, con todos los gastos en el hogar”.

Sus palabras reflejan su preocupación por los hogares que dependen económica y emocionalmente de una persona que queda detenida o es deportada. Las circunstancias de cada familia son distintas, pero la observación apunta a una consecuencia concreta: cuando alguien deja de estar disponible para sostener el hogar, las responsabilidades y los gastos permanecen.

A la presión económica se suma la incertidumbre sobre el futuro migratorio de un ser querido. Las familias pueden no saber cuánto durará la separación, si habrá una liberación o cuándo se resolverá un proceso.

Esa dimensión humana es central para entender por qué las decisiones sobre fianzas y deportaciones generan tanta preocupación. Para las personas afectadas, no son únicamente trámites administrativos: pueden determinar la posibilidad de volver a trabajar, cuidar a los hijos o reconstruir la vida familiar.

Una exigencia de respuestas claras

La huelga de hambre en Folkston volvió a colocar bajo escrutinio las condiciones de detención migratoria y los mecanismos disponibles para que las personas bajo custodia presenten quejas, comprendan las decisiones que las afectan y puedan cuestionarlas.

Los informes de supervisión publicados en años anteriores y la cobertura de la protesta muestran que las condiciones del centro ya habían suscitado preocupación pública. El testimonio compartido con NotiVisión Georgia añade preguntas sobre el agua, la alimentación, la atención médica, las decisiones sobre fianzas y las circunstancias en las que algunas personas habrían vuelto a quedar detenidas.

Responder a esas preguntas requiere revisar registros, escuchar a las autoridades responsables y contrastar las denuncias con documentación verificable. También exige distinguir entre las facultades que permite la ley y la manera en que esas facultades se aplican en cada caso.

Hasta el cierre de esta edición, NotiVisión Georgia no había recibido respuesta de ICE.

Nota de verificación: Las denuncias específicas sobre las condiciones del centro, las nuevas detenciones, las firmas de documentos, las deportaciones y el aislamiento se basan en el testimonio compartido con NotiVisión Georgia y no han podido ser verificadas de manera independiente por este medio. No se recibieron copias de los documentos ni de los expedientes correspondientes. Las afirmaciones sobre situaciones que afectaron a otras personas se atribuyen a lo relatado por la fuente. La cifra de participación en la huelga proporcionada por la fuente corresponde a su estimación; las cifras publicadas por otros medios se atribuyen a sus respectivos reportes.

Detrás de las denuncias permanece una realidad que no puede medirse únicamente en expedientes: la incertidumbre de las personas detenidas y el impacto que esa situación tiene sobre sus familias. La protesta en Folkston exige atención no solo por las condiciones denunciadas, sino también por la necesidad de que las decisiones que afectan la libertad de una persona puedan explicarse, revisarse y cuestionarse mediante procedimientos claros.