Aguas negras y falta de agua potable en Stewart: denuncian que las condiciones continúan sin resolverse
Amílcar Valencia, director ejecutivo y cofundador de El Refugio, alerta sobre los riesgos sanitarios, la desesperación de las personas detenidas y la angustia de sus familiares. Según los testimonios recibidos, la situación persistía el viernes por la tarde, cinco días después de que comenzara el incidente

Desde el lunes 5 de octubre, personas detenidas en el Stewart Detention Center, en Lumpkin, Georgia, han denunciado inundaciones de aguas negras, falta de acceso al agua potable y las duchas, y labores de limpieza de agua contaminada sin equipos de protección adecuados. Al cierre de la entrevista realizada por NotiVisión Georgia a última hora de la tarde del viernes 9 de octubre, los testimonios recibidos por El Refugio indicaban que las condiciones continuaban sin cambios.
La organización de hospitalidad y apoyo a personas detenidas informó que había recibido llamadas de personas desde el interior del centro y de familiares preocupados por lo que estaba ocurriendo. Según su comunicado, las inundaciones habrían afectado al menos tres o cuatro unidades, donde las aguas residuales cubrían los pisos. Algunos detenidos habrían tenido que barrer el agua contaminada hacia el exterior, mientras los guardias contaban con botas de lluvia y ellos no.
Amílcar Valencia, director ejecutivo y cofundador de El Refugio, lleva años acompañando a inmigrantes detenidos y a sus familias. Desde esa labor comunitaria, ha recibido testimonios que describen condiciones sanitarias alarmantes y una creciente desesperación entre quienes intentan conseguir ayuda.

«Las personas nos están llamando desesperadas por ayuda, describiendo condiciones inhumanas que ponen en riesgo su salud y seguridad», afirmó Valencia en el comunicado de la organización.
En su entrevista con NotiVisión Georgia, describió lo que le habían relatado las personas detenidas: «Una unidad completa donde 60, 80 personas están ahí […] completamente inundada con heces y con agua negra».
Valencia también señaló que algunos detenidos participaron en las labores de limpieza sin recibir, según los testimonios recogidos, botas ni mascarillas. Aclaró que no podía confirmar si su participación había sido voluntaria o si se les había indicado que debían hacerlo.
Familias desesperadas y llamadas en busca de respuestas
La emergencia no termina dentro de las instalaciones. Afuera, las familias intentan averiguar si sus seres queridos tienen agua potable, acceso a los baños y condiciones adecuadas de higiene. Las llamadas a El Refugio reflejan el temor de quienes reciben información fragmentada y no saben si las autoridades están actuando ni cuándo se resolverá la situación.
Valencia explicó que la incertidumbre puede repercutir también en las visitas y las comunicaciones telefónicas, dos vías fundamentales para que las personas detenidas mantengan contacto con sus familiares y puedan atender asuntos personales y legales. Aunque no confirmó una suspensión general de esos servicios, advirtió sobre la preocupación que genera la posibilidad de que el contacto con el exterior se vea limitado.
«Eso crea mucho más temor, pánico en las familias, de que algo más debe estar pasando», explicó.
Para muchas familias, la falta de información agrava la angustia: no saber si un ser querido ha estado expuesto a aguas contaminadas o si puede comunicarse con normalidad convierte la espera en una situación de profunda incertidumbre. El Refugio continúa recibiendo estas preocupaciones y acompañando a quienes buscan respuestas.

Riesgos para la salud y exigencia de medidas urgentes
El contacto con aguas residuales puede representar riesgos sanitarios, dependiendo de los contaminantes presentes y de las condiciones de exposición. Valencia expresó preocupación por las posibles consecuencias, aunque durante la entrevista aclaró que la organización no tenía confirmación de enfermedades directamente relacionadas con el incidente.
El Refugio informó que había trasladado sus preocupaciones al Departamento de Salud del condado de Stewart y a las oficinas de los senadores federales Raphael Warnock y Jon Ossoff. La organización exige a ICE y a CoreCivic, la empresa que opera el centro, que garanticen agua potable, acceso a duchas y servicios sanitarios, atención médica y el traslado de las personas fuera de las áreas contaminadas.
La respuesta de CoreCivic, recogida por The Atlanta Journal-Constitution, difiere de algunos testimonios. La empresa atribuyó el incidente a una falla de plomería en dos unidades y sostuvo que quienes colaboraron en la limpieza lo hicieron voluntariamente y recibieron equipos de protección. También afirmó que había agua potable e instalaciones sanitarias funcionales.
Las versiones contrapuestas hacen necesario esclarecer cuántas unidades resultaron afectadas, cuándo se restablecieron por completo los servicios y qué medidas se adoptaron para proteger a las personas expuestas.
Desde su experiencia de años acompañando a inmigrantes y sus familias, Valencia considera que la prioridad debe ser garantizar la integridad física y la salud de quienes permanecen bajo custodia.
«El reto más grande es […] asegurar la integridad física, la salud de las personas en detención», afirmó.
NotiVisión Georgia solicita respuesta del senador Ossoff
Como parte del seguimiento periodístico de este caso, NotiVisión Georgia contactó al equipo del senador federal Jon Ossoff para solicitar información sobre las gestiones que se están realizando ante la situación denunciada. Al momento de esta publicación, estamos a la espera de una respuesta.
En cuanto recibamos información oficial, actualizaremos esta cobertura.
Mientras tanto, la principal preocupación sigue siendo la misma: que las personas detenidas tengan acceso a agua potable, saneamiento y atención médica, y que sus familias puedan obtener información clara sobre las condiciones de sus seres queridos.




