“Nos amenazaron con esposarnos si no firmábamos”. Detenidos en el centro migratorio de Folkston denuncian presuntas amenazas, presiones y uso de la fuerza

Inmigrantes de distintas nacionalidades detenidos en el Centro de Procesamiento de ICE en Folkston—Main, denuncian presiones para firmar documentos relacionados con sus casos migratorios, amenazas de ser esposados y episodios en los que, según sus testimonios, se habría recurrido a la fuerza para obtener sus huellas dactilares.

Las denuncias aparecen en un video grabado el 29 de septiembre de 2026 por varios detenidos, según la información proporcionada a NotiVisión Georgia por Sofía Vega, esposa de uno de los hombres que aparece en la grabación. En el material, los inmigrantes relatan sus experiencias y expresan temor por el rumbo de sus procedimientos y la posibilidad de ser deportados.

Los testimonios corresponden a personas de distintas nacionalidades, entre ellas cubana y ucraniana. Aunque sus circunstancias personales y legales son diferentes, varios relatos coinciden en una preocupación: las presuntas represalias que enfrentarían cuando se niegan a firmar documentos o realizar trámites cuyas consecuencias, aseguran, no tienen claras.

Las declaraciones constituyen versiones de los propios detenidos. La grabación permite conocer sus denuncias, pero no establece por sí sola que todos los episodios descritos hayan ocurrido tal como se relatan.

Denuncian amenazas para obtener firmas y huellas

Uno de los testimonios más detallados corresponde a Jefferson Manuel Silva Gutiérrez. El detenido relata que un oficial le pidió que proporcionara sus huellas dactilares y que él se negó porque quería continuar con su proceso migratorio. Según explica, había recibido asesoría legal y no quería firmar ni colocar sus huellas en un documento sin tener claridad sobre sus consecuencias.

Silva Gutiérrez afirma que, tras negarse, el oficial lo amenazó con ponerle las esposas y le indicó que podía obligarlo a proporcionar las huellas o utilizar las que ya estaban registradas desde su ingreso al centro. En su relato, el detenido expresa preocupación por las implicaciones que ese trámite pudiera tener para su caso.

Otro de los hombres que habla en el video, Carlos Loaiza, también denuncia presiones para que los inmigrantes firmen documentos contra su voluntad. Según su testimonio, los detenidos enfrentan amenazas de ser esposados si se niegan a cooperar.

Loaiza describe además un incidente que, según afirma, ocurrió dos días antes de la grabación. Relata que un detenido que se habría negado a firmar o habría roto un documento fue esposado, tirado al suelo y sometido para obtener sus huellas dactilares.

Las denuncias de ambos hombres apuntan a una preocupación común entre los participantes del video: la posibilidad de que la negativa a firmar un documento o a participar en un trámite sea respondida con amenazas o fuerza física.

Un testigo ucraniano dice haber escuchado amenazas

Vladislav Shiroki, de nacionalidad ucraniana, ofrece otro relato relacionado con el caso de Silva Gutiérrez. Shiroki afirma que presenció una situación en la que, según su versión, un oficial amenazó con utilizar la fuerza y colocarle las esposas al detenido.

El hombre también cuestiona que se le haya presentado su proceso como concluido. Según explica, todavía tenía una fecha pendiente ante un tribunal y, por esa razón, no consideraba que su situación estuviera resuelta o que su caso estuviera cerrado.

Su testimonio refleja una preocupación que aparece en otras intervenciones: el temor de los detenidos a que las decisiones o los documentos que se les presentan no reflejen el estado real de sus procedimientos migratorios.

Un detenido cubano denuncia meses de incertidumbre

Edilioan Machado Serrano, de nacionalidad cubana, dice llevar aproximadamente diez meses detenido. En su intervención, describe lo que considera un trato injusto y expresa preocupación por las presiones que, según su relato, enfrentan los inmigrantes durante sus procedimientos.

Su testimonio se suma al de otros participantes que hablan de largos periodos de detención, falta de claridad sobre sus casos y temor ante la posibilidad de que una firma o una decisión tomada bajo presión tenga consecuencias para su futuro.

Otros hombres que aparecen en el video mencionan traslados entre centros de detención, procedimientos migratorios prolongados y antecedentes o circunstancias personales que, aseguran, influyen en sus casos. Algunos describen situaciones relacionadas con procesos judiciales todavía pendientes; otros expresan temor a ser enviados a países con los que tienen vínculos limitados o a los que no desean regresar.

En conjunto, sus testimonios reflejan la incertidumbre que dicen experimentar mientras permanecen detenidos y esperan una resolución sobre su situación migratoria.

Un hombre afirma llevar 35 años en Estados Unidos

Entre los testimonios figura el de Stanley Akhliansky, nombre transcrito fonéticamente a partir de la grabación. El hombre afirma que lleva 35 años en Estados Unidos, que sirvió durante cinco años en la Marina estadounidense y que ha permanecido detenido aproximadamente ocho meses.

En su relato menciona un antecedente por un delito menor en California, en 1994, y una decisión migratoria anterior que, según explica, le permitió salir de detención. También destaca sus vínculos familiares: asegura estar casado con una ciudadana estadounidense que enfrenta problemas de salud y tener hijos nacidos en este país.

Su historia expone otra dimensión de las experiencias recogidas en el video: la de personas que afirman haber construido su vida familiar durante décadas en Estados Unidos y que ahora temen una separación prolongada o la deportación.

José Vega: una detención examinada por un tribunal federal

Entre los detenidos que aparecen en la grabación está José Vega, esposo de Sofía Vega. Su caso tiene un elemento adicional: la legalidad de una base específica de su detención fue examinada por un tribunal federal, y posteriormente un juez de inmigración rechazó su solicitud de fianza.

Según su esposa, José lleva aproximadamente un año detenido. Sofía sostiene que la incertidumbre sobre su situación ha afectado profundamente a su familia y que, pese a las gestiones legales realizadas, su esposo continúa recluido.

El 30 de abril de 2026, el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Georgia emitió una orden en el caso José Víctor Vega Vargas v. Warden, Folkston ICE Processing Center, número 5:26-cv- 00479-LGW-BWC. La petición se presentó bajo la sección 2241 del título 28 del Código de Estados Unidos, un mecanismo que permite cuestionar determinadas formas de custodia.

El tribunal concluyó que el Gobierno no podía mantener a Vega detenido bajo la disposición migratoria de la sección 235(b)(2)(A) invocada en el caso. Sin embargo, aclaró que su detención podía estar autorizada bajo otra norma, la sección 236(a), que contempla la detención discrecional en determinados procedimientos migratorios.
Por esa razón, ordenó celebrar una audiencia individual de fianza ante un juez de inmigración dentro de un plazo de siete días. La decisión no dispuso la liberación inmediata de Vega ni determinó que cualquier otra base legal para mantenerlo detenido fuera inválida.

Según la resolución migratoria proporcionada por la familia, la audiencia se celebró el 7 de mayo de 2026 y la solicitud de fianza fue denegada. El documento menciona una condena por conducir bajo los efectos del alcohol en 2021 y un arresto posterior relacionado con violencia doméstica, cuyas acusaciones, según la resolución, fueron desestimadas. El juez señaló el riesgo de fuga y el peligro para la comunidad como razones para rechazar la fianza.
Sofía cuestiona el resultado. Afirma que presentó cartas de familiares, amigos y un pastor para respaldar el carácter de su esposo y demostrar sus vínculos familiares y comunitarios. A su juicio, esos documentos no recibieron suficiente consideración y tampoco se valoraron adecuadamente las consecuencias de mantener a José separado de su familia.

Esta es la interpretación de Sofía. Los documentos disponibles permiten conocer el resultado de la audiencia y las razones consignadas en la resolución, pero no bastan por sí solos para determinar qué peso se asignó a cada prueba presentada.
La esposa también afirma que el procedimiento relacionado con la solicitud de alivio migratorio de José bajo la sección 42B lleva alrededor de ocho meses en apelación, sin que ella conozca una actualización. Ese plazo corresponde a la información proporcionada por la familia.

Sofía explica que José llegó a Estados Unidos cuando tenía cuatro años. Ella es ciudadana estadounidense y ambos tienen dos hijos. Según su relato, antes de la detención José desempeñaba un papel central en el cuidado del hogar y su ausencia ha alterado la vida cotidiana de la familia.

Una carta profesional fechada el 10 de septiembre de 2026, incluida entre los documentos entregados a NotiVisión Georgia, señala que la separación de la pareja ha contribuido al deterioro de la salud mental de la paciente, ha afectado su funcionamiento diario y ha hecho necesario ajustar su atención médica. El documento identifica a la paciente como Sofía Maldonado, nombre de soltera de Sofía Vega.

El expediente judicial y la resolución migratoria documentan decisiones concretas dentro del proceso de José. Por separado, las declaraciones de su esposa describen el impacto familiar y su inconformidad con el resultado. La información disponible no permite concluir, por sí sola, que se haya producido una violación del debido proceso.

 

Sofía Vega denuncia temor a represalias

Sofía afirma que su esposo es uno de los nueve detenidos que participaron en el video. Identifica a Jefferson Silva Gutiérrez como el primero en hablar y a José como el último.
Según ella, varios de los hombres llevan más de seis meses detenidos y sienten desesperación por la falta de avances que perciben en sus casos. La grabación, explica, buscaba que sus experiencias fueran conocidas fuera del centro.

Sofía sostiene que, después de grabar el video y antes de que se hiciera público, algunos detenidos comenzaron a temer posibles traslados. Según lo que ella supo, algunos oficiales de custodia habrían hecho comentarios relacionados con la grabación, incluidos expresiones como «vi tu video» y «eres famoso». Sofía interpreta esas referencias como una forma de intimidación.

También denuncia que la comunicación por video estuvo bloqueada en el centro, lo que, a su juicio, dificultó que los detenidos pudieran transmitir sus preocupaciones al exterior.

La mujer describe, además, un incidente ocurrido durante una visita el 12 de octubre de 2026.
Afirma que un empleado de recepción amenazó con cancelar la visita antes de que comenzara porque llevaba artículos para su hijo pequeño, entre ellos toallitas, pañales y un vaso de leche, que no le permitieron ingresar a la sala.

Según Sofía, los días 10 y 11 de octubre había podido entrar con esos mismos artículos. Ella
considera que el trato recibido fue intimidatorio.

Organización comunitaria pide libertad y cierre de los centros

Las denuncias del video se producen en un contexto de preocupación comunitaria por las condiciones de detención migratoria en Folkston. Li Ann Sánchez, ED Community EsTr(El/La), afirma que su organización ha acompañado a más de 50 familias de personas detenidas y les ha facilitado orientación y referencias a recursos.

Li Ann sostiene que las familias necesitan información, acompañamiento y respuestas sobre la situación de sus seres queridos. Su demanda va más allá de mejorar las condiciones dentro de los centros: cuestiona la existencia misma de estas instalaciones.

“En sí, las principales [demandas son] libertad para ellos y […] que cierren las cárceles totalmente, porque no deberían de existir esas cárceles”, expresó Sánchez.

La activista también ha denunciado presuntas deficiencias en la atención médica y dental y cuestionado las condiciones laborales de algunos detenidos. Estas denuncias forman parte de sus señalamientos sobre el funcionamiento del sistema de detención migratoria.

Para las familias, las consecuencias de la detención no se limitan a los hombres que permanecen recluidos. También alcanzan a sus parejas, hijos y otros familiares que deben afrontar la incertidumbre legal, la separación y la reorganización de sus vidas cotidianas.

Dos instalaciones distintas en Folkston

Es importante distinguir el lugar identificado por Sofía como escenario de la grabación de otros reportes sobre detención migratoria en la zona. El video fue identificado como grabado en Folkston ICE Processing Center — Main, ubicado en 3026 Highway 252 East.

El Folkston D. Ray ICE Processing Center, anteriormente conocido como D. Ray James Correctional Facility, es una instalación distinta, ubicada en 3262 Highway 252 East. Aunque ambos centros se encuentran en la misma zona y están operados por The GEO Group, no deben confundirse.

Las denuncias contenidas en este video corresponden, según la información proporcionada por la familia, al centro Main. Los reportes sobre la huelga de hambre mencionada en publicaciones anteriores se refieren a D. Ray. Mantener esa distinción es esencial para no atribuir a una instalación testimonios o acontecimientos vinculados con la otra.

Testimonios que requieren respuestas

El video reúne historias diferentes, pero con preocupaciones que se entrecruzan: temor a la deportación, incertidumbre sobre procedimientos que los detenidos consideran pendientes y denuncias de presiones para firmar documentos o proporcionar huellas dactilares.

El caso de José Vega aporta un elemento documentado a ese panorama. Un tribunal federal examinó la base legal específica de su detención y ordenó una audiencia individual de fianza; posteriormente, un juez de inmigración rechazó la solicitud. Su familia cuestiona esa decisión y describe las consecuencias de la separación.

Las denuncias de los detenidos no sustituyen el examen individual de sus expedientes, y la documentación disponible no permite dar por probados todos los episodios descritos en la grabación. Sin embargo, sus testimonios dejan constancia de las preocupaciones que afirman enfrentar dentro del centro y plantean interrogantes que requieren respuestas.

La verificación independiente de los incidentes denunciados, junto con la revisión de los expedientes y la versión de las autoridades responsables, será fundamental para establecer qué ocurrió en cada caso y determinar si hubo actuaciones contrarias a las normas migratorias y del derecho.