Equipo legal de Mario Guevara pide al gobierno su liberación inmediata argumentando violación de sus derechos
Los abogados y ACLU presentaron una moción de Habeas Corpus ante el tribunal federal de Brunswick
El equipo de abogados que representa al reportero Mario Guevara, incluyendo a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU de Georgia), presentó el miércoles una moción en un tribunal federal solicitando su liberación inmediata. Argumentan que el hecho de ensañarse contra él por su trabajo como reportero equivale a censura gubernamental.
La demanda federal es contra los líderes de ICE, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.
ACLU calificó la prolongada detención de Guevara, por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como una represalia por su cobertura sobre las redadas migratorias, según una petición federal presentada el jueves.
Como lo hemos reportado anteriormente, Guevara, un inmigrante salvadoreño con más de 20 años en Estados Unidos, fue arrestado el 14 de junio por agentes de policía de Doraville mientras cubría una protesta en contra de las políticas migratorias del gobierno Trump, pero que no era la marcha oficial denominada “No Kings”.
A pesar de que hoy se han retirado todos los cargos iniciales, el comunicador ha permanecido detenido por el ICE en el sur de Georgia durante más de dos meses, siendo el único periodista en Estados Unidos encarcelado actualmente.
Lo que dice el documento legal
“La detención continua del señor Guevara por parte del gobierno debido a su periodismo tiene como objetivo silenciarlo, impedirle informar en el futuro y tomar represalias en su contra por sus publicaciones e informes anteriores, en violación de la Primera Enmienda”, declara el expediente presentado ante el tribunal de Brunswick, Georgia.
“La detención continua del señor Guevara por parte del gobierno también viola la cláusula sustantiva del debido proceso de la Quinta Enmienda, ya que carece de un objetivo legítimo y es punitiva”.
Guevara no tiene antecedentes penales, pero en la actualidad solo contaba con un permiso de trabajo, ya que un juez de inmigración archivó administrativamente una orden de deportación hace una década por un caso de asilo que le fue negado.
Tras su arresto en junio, la fiscalía del condado de DeKalb retiró los cargos por delitos menores contra Guevara casi de inmediato. La oficina del sheriff del condado vecino de Gwinnett, tras cuestionar la transmisión en vivo de un arresto por prostitución un mes antes, presentó cargos por delitos menores de tráfico poco después del arresto de Guevara.
En este otro caso, la procuradora de Gwinnett retiró también esos cargos días después. Sin embargo, Guevara aún se encuentra en el centro de detención de Folkston y se enfrenta a la deportación.
Un juez de inmigración emitió una fianza de $7,500 para Guevara en junio, pero las autoridades migratorias apelaron la decisión y ahora está suspendida sin fecha fija para la audiencia de apelación. La ACLU dijo que busca inducir la intervención del tribunal federal.
Las autoridades migratorias han argumentado ante el tribunal que Guevara representa un peligro para la comunidad porque transmite en vivo, graba y publica actividades de las fuerzas del orden y comparte sus reportajes con el público, sin embargo, el documento de la ACLU detalla la amplia cooperación de Guevara con las fuerzas del orden a lo largo de los años y señala que un agente del orden público del área metropolitana de Atlanta testificó a su favor en la audiencia de fianza.
“El gobierno generalmente reserva las apelaciones de fianza, y especialmente las suspensiones, para casos que involucran conducta delictiva grave, evidencia clara de peligro para la comunidad o riesgo importante de fuga”, escribió la ACLU, añadiendo que el gobierno se basa casi exclusivamente en “la denuncia del señor Guevara como justificación para continuar su detención”.
La petición solicita al tribunal que exija una respuesta a la petición en un plazo de tres días, que el caso de fianza de Guevara se traslade a un tribunal federal, que se levante la suspensión de su fianza y que el tribunal declare que el intento del ICE de mantener la detención viola la Primera Enmienda y la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda.
