Gobernador Kemp firma legislación histórica que impulsa una reforma sensata y significativa en materia de responsabilidad civil

El gobernador Brian Kemp, junto a miembros de la Asamblea General de Georgia, líderes estatales y locales, firmó una legislación histórica que impulsa una reforma sensata y significativa en materia de responsabilidad civil.

El paquete legislativo, promulgado por el gobernador, equilibra las reglas del juego en los tribunales, prohíbe que potencias extranjeras hostiles se aprovechen de los consumidores y de los procedimientos legales, busca estabilizar los costos de los seguros para empresas y consumidores, aumenta la transparencia y la equidad, y garantiza que Georgia siga siendo el mejor lugar para vivir, trabajar y criar una familia.

“Hoy es una victoria para los ciudadanos de nuestro estado, que durante demasiado tiempo sufrieron las consecuencias de un entorno legal desequilibrado”, declaró el gobernador Brian Kemp.

“Como resultado de este esfuerzo colectivo y del apoyo incondicional de los georgianos de todos los orígenes, Georgia continúa avanzando en la dirección correcta mientras trabajamos para estabilizar los costos y competir por oportunidades económicas que crearán empleos bien remunerados para los georgianos trabajadores de todo el estado”, dijo Kemp.

Las áreas de política específicas que aborda la legislación

-Reevalúa el Estándar de Responsabilidad por Negligencia en la Seguridad (“Responsabilidad de las Instalaciones”): Garantiza que las empresas solo sean responsables de lo que controlan directamente. La legislación responsabiliza a los propietarios cuando no mantienen la seguridad de sus propiedades para sus clientes y el público, pero protege a los establecimientos simplemente por abrir sus puertas y emplear a georgianos trabajadores en cmunidades y vecindarios que los necesitan.

-Cálculo veraz de daños médicos en casos de lesiones personales (“Veracidad en los daños”): Garantiza que los georgianos lesionados por acciones negligentes reciban una indemnización completa y se cubran sus costos, a la vez que protege a los consumidores de costos inflados que se les impongan. La legislación permite a los abogados en un juicio con jurado presentar evidencia de las facturas médicas cobradas por los proveedores, así como evidencia de lo que realmente pagó la aseguradora para cubrir dichos cargos. Los jurados pueden entonces determinar el valor razonable de la atención médica previa del demandante con total transparencia en el valor facturado y pagado de su tratamiento.

-Elimina la posibilidad de anclar arbitrariamente los daños por dolor y sufrimiento al jurado (“Anclaje”): La nueva ley elimina el uso de tácticas de anclaje al presentar daños por dolor y sufrimiento al jurado durante los alegatos finales de un juicio. El proyecto de ley establece que los alegatos finales que describen la indemnización por daños y perjuicios deben estar relacionados con pruebas reales del dolor y sufrimiento del demandante, lo que impide que el abogado utilice un parámetro artificial —como el salario de un atleta profesional, el coste de los aviones de combate o el número de kilómetros recorridos por un camión— para describir la indemnización que se le debe al demandante por sus lesiones.

Lo que hace y no hace este proyecto

Este proyecto de ley NO limita la cantidad de dinero que un jurado puede conceder. De hecho, la legislación del Gobernador protege la toma de decisiones del jurado de argumentos irrelevantes e indebidos del abogado, lo que le otorga la facultad de decidir el monto de la indemnización basándose en pruebas reales del caso.

• Juicios Bifurcados: Permite a una parte solicitar la bifurcación del juicio, de modo que el acusado sea declarado responsable antes de que el jurado escuche las pruebas que detallan el alcance de los daños del demandante. Esto aclara un procedimiento importante en el tribunal y brinda a ambas partes la misma oportunidad de que se escuchen sus argumentos.
• Permite al jurado saber si el demandante llevaba puesto el cinturón de seguridad (“Prueba admisible del cinturón de seguridad”): Elimina la exclusión actual del código de pruebas que impide al demandado demostrar que el demandante no llevaba puesto el cinturón de seguridad en un accidente de tráfico. Permitir la admisión de la prueba del cinturón de seguridad en el juicio puede ser utilizado por la defensa para mitigar los daños, especialmente cuando la omisión del demandante de usar este dispositivo de seguridad esencial resulta en lesiones significativamente peores para el demandante.
• Elimina la doble recuperación de honorarios de abogado: Cierra una laguna legal mal utilizada que permitía a los abogados del demandante recuperar sus honorarios dos veces por la misma demanda. Los tribunales podrán seguir otorgando honorarios de abogado, pero solo una vez.
• Elimina la desestimación voluntaria durante el juicio: Modifica el plazo para las desestimaciones voluntarias, poniendo fin a la práctica de los demandantes de desestimar un caso solo para volver a presentarlo o seleccionar una jurisdicción más favorable después de que la defensa ya haya acumulado los costos de preparación e inicio del juicio.
• Cambios en el plazo para la moción de desestimación: Modifica la Ley de Práctica Civil de Georgia para permitir que el demandado presente una moción de desestimación en lugar de una respuesta, lo que reduce los gastos innecesarios de descubrimiento mientras la moción de desestimación está pendiente.

Reforma y transparencia en la financiación de litigios por parte de terceros

• En primer lugar, la legislación prohíbe que adversarios extranjeros hostiles utilicen el sistema judicial para socavar nuestra seguridad vital y nuestros intereses económicos, protegiendo así a las empresas y consumidores de Georgia de actores extranjeros que puedan financiar litigios para obtener secretos comerciales o promover sus propios intereses políticos en contra de los intereses de los ciudadanos de este estado.
• En segundo lugar, la legislación protege a los consumidores de prestamistas abusivos que buscan aprovecharse de litigantes en situaciones vulnerables, prohibiendo a los financiadores de litigios participar en la estrategia del litigio o tomar la totalidad de la indemnización del demandante y asegurándose de que este conozca sus derechos.
• En tercer lugar, el proyecto de ley aumenta la transparencia para todas las partes: los tribunales, los litigantes de la parte contraria y los propios demandantes.