El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) continúa con la implementación de cámaras corporales (Body-Worn Cameras o BWC) para sus agentes durante operativos de cumplimiento de las leyes migratorias. La medida forma parte de una política adoptada en febrero de 2025 que exige el uso de estos dispositivos en diversas intervenciones oficiales.

No obstante, la directiva establece que las grabaciones relacionadas con lesiones graves o muertes bajo custodia solo serán divulgadas públicamente si ICE determina que hacerlo es “en el mejor interés de la agencia”, una disposición que ha generado cuestionamientos entre especialistas sobre el alcance real de la transparencia.

¿Qué establece la nueva política de ICE?

La política oficial sobre cámaras corporales fue adoptada por ICE en febrero de 2025 como parte de un programa destinado a documentar las actuaciones de sus oficiales durante determinados operativos.

De acuerdo con la directiva, los agentes deberán activar las cámaras durante diversas actividades de cumplimiento de la ley, entre ellas:

• Arrestos.
• Ejecución de órdenes de registro.
• Algunos operativos de control migratorio.
• Situaciones en las que exista una interacción significativa con el público.

El objetivo es generar un registro audiovisual de las actuaciones de los oficiales, similar al uso de cámaras corporales que desde hace años emplean numerosas agencias policiales en Estados Unidos.

La cláusula que ha generado preocupación

Uno de los aspectos más debatidos de la política no es el uso de las cámaras, sino el acceso público a las grabaciones.

La directiva establece que cuando una cámara registre una lesión corporal grave o una muerte bajo custodia, ICE revisará el video de manera expedita.

Sin embargo, la publicación del material dependerá de que la agencia concluya que hacerlo es “en el mejor interés de ICE”.

Además, el documento señala que, si existen circunstancias específicas y convincentes —como investigaciones en curso, razones legales o de seguridad— el director de ICE o su representante podrá retrasar la publicación o mantener el video sin divulgar.

En otras palabras, el hecho de que un incidente quede grabado no significa automáticamente que las imágenes serán compartidas con el público.

Casos recientes que mantienen el tema bajo atención

La discusión sobre el acceso a las grabaciones ocurre mientras continúan las investigaciones sobre varios incidentes recientes relacionados con agentes de ICE.

Uno de ellos ocurrió en Biddeford, Maine, donde un oficial disparó contra un conductor durante la ejecución de una orden judicial. De acuerdo con información dada a conocer por autoridades federales, la persona fallecida no era el objetivo principal de la orden de arresto.

Otro caso ocurrió en Houston, Texas, donde Lorenzo Salgado Araujo murió tras recibir disparos de un agente de ICE durante un operativo. Según la versión oficial de la agencia, el hombre presuntamente embistió un vehículo oficial, ignoró las órdenes de los agentes e intentó atropellar a uno de ellos antes de que se utilizara fuerza letal.

Hasta el momento, las investigaciones sobre ambos hechos continúan y las autoridades no han anunciado la publicación de videos relacionados con esos incidentes.

¿Qué significa esto para la comunidad inmigrante?

Para miles de familias inmigrantes, la implementación de cámaras corporales puede representar un mecanismo adicional para documentar lo que ocurre durante un operativo migratorio.

Sin embargo, la política deja claro que la existencia de una grabación no garantiza que el público, los familiares de una persona involucrada o los medios de comunicación puedan acceder a ella de forma inmediata.

En algunos casos, el acceso a estos videos puede depender de procesos legales, solicitudes realizadas bajo la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act o FOIA) o de decisiones adoptadas por las propias autoridades federales.

Por ello, organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos civiles han pedido reglas más claras sobre cuándo deben hacerse públicas estas grabaciones.

Lo que todo inmigrante debe saber durante un operativo de ICE

Más allá del uso de cámaras corporales, las personas conservan derechos constitucionales cuando interactúan con autoridades migratorias.

Entre los más importantes se encuentran:

• Guardar silencio si así lo desean.
• Solicitar hablar con un abogado, aunque el gobierno no está obligado a proporcionar uno gratuitamente en un proceso migratorio.
• No firmar documentos que no comprendan o que no hayan podido revisar con un abogado.
• Pedir identificación a los agentes que realizan el operativo.
• No abrir la puerta de su vivienda únicamente porque un agente de ICE lo solicite.

En términos generales, los agentes de ICE no pueden ingresar a una vivienda sin el consentimiento de un ocupante o sin una orden judicial firmada por un juez. Una orden administrativa de inmigración —como los formularios I-200 o I-205 emitidos por ICE— no autoriza por sí sola el ingreso a un domicilio sin consentimiento.

Cada caso puede tener circunstancias particulares, por lo que especialistas recomiendan buscar asesoría legal si una persona enfrenta un proceso migratorio.

ICE continúa ampliando el uso de cámaras corporales entre sus oficiales como parte de un programa nacional que comenzó con proyectos piloto en varias ciudades de Estados Unidos.

Mientras la implementación avanza, el debate se centra ahora en el acceso público a las grabaciones y en el equilibrio entre la transparencia gubernamental, la protección de investigaciones y los derechos de las personas involucradas.

Es probable que este tema continúe siendo objeto de discusión tanto en el ámbito político como judicial, especialmente cuando ocurran incidentes de alto perfil durante operativos migratorios.

El uso de cámaras corporales podría contribuir a documentar con mayor precisión lo que ocurre durante los operativos de ICE. Sin embargo, la política vigente también deja claro que la divulgación de esos videos no será automática y dependerá de una decisión interna de la agencia.

Para la comunidad latina e inmigrante, esta información es importante porque permite comprender tanto el alcance como las limitaciones de esta medida. Conocer los derechos durante un encuentro con agentes federales, mantenerse informado a través de fuentes oficiales y buscar asesoría legal cuando sea necesario sigue siendo una de las mejores herramientas para protegerse y tomar decisiones informadas.