Entregan más de 5 mil firmas al gobernador para que vete la HB 1105

La Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos—GLAHR, por sus siglas en inglés, junto con otras organizaciones hizo entrega el medio día de este jueves de más de 5 mil firmas a la oficina del gobernador Brian Kemp.

Las firmas corresponden a igual número de ciudadanos que decidieron unirse a la campaña par decirle al primer mandatario que vete el proyecto de ley HB 1105 que está en su escritorio para ser firmado.

“Cada carta llevaba un mensaje urgente al gobernador Kemp: Vetar la ley HB 1105”, dijo GLAHR en un comunicado.

“Este proyecto de ley proyecta una sombra sobre la comunidad inmigrante de Georgia. La columna vertebral de la prosperidad de nuestro estado”, afirma.

La organización dice que desde las carreteras de nuestras ciudades hasta los trabajadores de salud que están en primera línea, los inmigrantes son indispensables.

“No quitan puestos de trabajo, sino que desempeñan funciones esenciales que hacen que Georgia siga prosperando. Es hora de reconocer y valorar el incesante esfuerzo y la contribución de la comunidad inmigrante”, dice la organización.

“No son sólo parte de la economía de Georgia; son parte de su alma”, concluye.

Qué dice la HB 1105

La HB 1105 o llamada legalmente “Ley de seguimiento e informe de extranjeros criminales de Georgia de 2024” establecería que los carceleros retengan a cualquier sospechoso que se crea que está en el país sin permiso legal, si es buscado por la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.

Este proyecto de ley impondría sanciones a los alguaciles que no informen a los agentes de inmigración sobre la detención de alguien por un delito menor, si se sospecha que está en el país sin permiso.

Algunos alguaciles habían expresado preocupaciones sobre las responsabilidades adicionales que la legislación les impondría, aunque otros han respaldado plenamente el proyecto de ley.

También requerirá que aquellos que están sujetos a una detención de inmigración de ICE proporcionen una muestra de ADN si han sido condenados por un delito grave, lo que viola el derecho constitucional a la privacidad, según los activistas.