Teófilo Martínez un empresario de Georgia es uno de los que se verían perjudicados por la cancelación del Estatus de Protección Temporal—TPS, por sus siglas en inglés, de comenzar a aplicarse lo dispuesto por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, quien concedió este miércoles la solicitud de la administración Trump de suspender, o pausar, una orden de un tribunal de distrito que había continuado el TPS para 60,000 personas de Honduras, Nepal y Nicaragua.
Martínez, de origen hondureño, tiene 26 años de haber sido cubierto con el TPS y durante estas últimas dos décadas no ha tenido una sola oportunidad legal para ajustar su estadía en el país, al que ha contribuido a través de su negocio de bienes raíces y jardinería.
¿Qué pasó este miércoles con el TPS?
El 31 de julio, un tribunal de distrito ordenó posponer las órdenes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que terminaban el TPS para estos países, al menos hasta una audiencia sobre el fondo del asunto el 18 de noviembre de 2025.
La jueza Trina Thompson inició su opinión en el caso NTPSA II contra Noem: “La libertad de vivir sin miedo, la oportunidad de la libertad y el sueño americano. Eso es todo lo que buscan los demandantes”. El gobierno solicitó una suspensión de emergencia de esta orden, y eso fue lo que se dio este miércoles.
“No dejaremos de organizarnos y luchar por el derecho a permanecer en el único hogar que muchos de nosotros hemos conocido”, dijo Martínez, beneficiario, demandante y líder de la Alianza Nacional del TPS, principal demandante en el caso.
“Seguiremos luchando por protecciones permanentes y para detener la cruel separación de nuestras familias”.
Para Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Políticas de Inmigración de la Unión Americana de Libertades Civiles—UCLA, el hecho de que el tribunal no haya justificado su decisión, incluyendo por qué se trataba de una ‘emergencia’, dista mucho de lo que exige el debido proceso y de lo que los demandantes merecen.
“La decisión simplemente sanciona la apropiación de poder del gobierno, exponiendo a decenas de miles de personas a la detención ilegal y la deportación. Merecen algo mejor que lo que este tribunal ha hecho hoy”, dijo.
Lo que dice el fallo
El fallo en el caso NTPSA II contra Noem implica que los beneficiarios nepaleses del TPS perderán su estatus legal y autorización de trabajo de inmediato, y que, de no mediar una orden judicial, los beneficiarios hondureños y nicaragüenses del TPS perderán su estatus legal el 8 de septiembre.
“El gobierno de Trump está desdocumentando sistemáticamente a inmigrantes que han vivido legalmente en este país durante décadas, criando hijos con ciudadanía estadounidense, emprendiendo negocios y contribuyendo a sus comunidades”, declaró Jessica Bansal, abogada de la Organización Nacional de Jornaleros.
“La decisión inexplicable del tribunal de permitir que las terminaciones del TPS entren en vigor —a pesar de que un tribunal de distrito las declaró probablemente inconstitucionales— causará enormes dificultades a decenas de miles de familias, incluyendo a más de 40.000 hijos de ciudadanos estadounidenses de beneficiarios del TPS”.
Los beneficiarios nepalíes del TPS afectados por el fallo han vivido legalmente en Estados Unidos durante más de 10 años, mientras que los beneficiarios hondureños y nicaragüenses afectados han vivido con el estatus de TPS durante más de 26 años. Las órdenes de terminación del DHS les otorgan solo 60 días antes de perder el estatus.
“El ataque de este gobierno al TPS forma parte de una campaña coordinada para privar a los no ciudadanos de cualquier estatus legal”, dijo Emi MacLean, abogada de la Fundación ACLU del Norte de California.
“El fallo de hoy es un revés devastador, pero no es el fin de esta lucha. La protección humanitaria (TPS) es importante y no se puede diezmar tan fácilmente”.
El gobierno canta victoria
“Esta es otra gran victoria legal para la Administración Trump, el Estado de derecho y la seguridad del público estadounidense. El Estatus de Protección Temporal (TPS) siempre estuvo concebido para ser precisamente eso: “temporal”, declaró la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.
“El TPS nunca se concibió como un sistema de asilo de facto; sin embargo, así es como lo han utilizado administraciones anteriores durante décadas, permitiendo la entrada al país de cientos de miles de extranjeros sin una investigación adecuada. Esta decisión unánime contribuirá a restaurar la integridad de nuestro sistema de inmigración para mantener a nuestra patria y a su gente seguros”, afirmó la vocera del gobierno.
Entre tanto en Atlanta donde reside Martínez, las esperanzas aún no se pierden porque esta lucha no es nueva.
“Esta no es la primera vez que nos intentan quitar el TPS”, nos dijo en otra oportunidad durante la primera administración del presidente Trump.
La noche de este miércoles no fue la excepción: “Continuamos reuniéndonos con el equipo legal para ver otros escenarios”, nos dijo cuando le preguntamos sobre la apelación a la que seguramente acudirán, como ha sucedido siempre.
