Laura Weffer Cifuentes*
Al final de las boletas electorales, después de los nombres de los candidatos presidenciales y de los legisladores, hay tres preguntas que se identifican como enmiendas constitucionales y preguntas de referéndum.
Estas son consultas que se refieren a leyes estatales en Georgia, que fueron propuestas por sus legisladores y que son exclusivas de los votantes de este estado. Para responderlas hay sólo dos opciones: sí o no.
La manera en la que están redactadas las propuestas puede resultar confusa, por eso es necesario prepararse. La exrepresentante demócrata del estado de Georgia, Brenda López, hace un análisis de los pros y los contras de cada una de estas propuestas que, según explica, tienen consecuencias tanto personales como colectivas.
La primera de las preguntas, que es una propuesta de enmienda constitucional traduce como:
1.- “¿Deberá enmendarse la Constitución de Georgia para autorizar a la Asamblea General a establecer por ley general una exención de bienes raíces en todo el estado que sirva para limitar los aumentos en el valor de tasación de los bienes raíces, pero de la que cualquier condado, gobierno consolidado, municipio o sistema escolar local pueda optar por excluirse una vez completados ciertos procedimientos?”.
En pocas palabras esta propuesta busca uniformar la exención de impuestos locales sobre bienes inmuebles y el cálculo estaría basado en evaluaciones anuales vinculadas al índice de precios al consumidor. Su aplicación sería homogénea en todos los condados, ciudades y distritos escolares, a menos que cada uno de ellos decidiera no participar.
La medida modificaría el artículo VII de la Constitución de Georgia, relativo a la fiscalidad y las finanzas del Estado. La Cámara de Representantes de Georgia aprobó y adoptó la Resolución de la Cámara 1022 por unanimidad, y el Senado del Estado de Georgia aprobó la resolución con 42 votos a favor y 11 en contra.
Brenda López explica que el voto positivo podría tener ventajas para los propietarios de bienes raíces pues se reduciría el pago de impuestos de sus propiedades por un tiempo determinado.
Sin embargo, el “sí” tendría un potencial impacto negativo para las comunidades, según López. Ella pone como ejemplo el condado de Gwinnett, en donde el 53% de los recursos para las escuelas se obtiene a través de los impuestos de las propiedades.
Si ese monto total pierde casi la mitad de su valor, las autoridades locales se verán en la necesidad de compensar esta reducción por otras vías.
La CEO del Instituto de Presupuesto y Política de Georgia, Staci Fox, publicó en sus redes sociales que oficialmente se oponen a la aprobación de esta enmienda por motivos similares a los argumentados por López.
Fox considera que, si se quieren hacer modificaciones que beneficien a todos los residentes de Georgia en lo que al sistema impositivo se refiere, una enmienda constitucional no es el lugar “pues los cambios son permanentes y muy difíciles de deshacer”.
Según reporta el medio Wabe, la representante conservadora, Beth Camp, defiende la enmienda pues considera que crearía mucha más uniformidad en todo el estado y garantizaría la continuidad de año en año.
La segunda pregunta que está incluida en la papeleta electoral es también una enmienda constitucional traduce como:
2.- “¿Debe enmendarse la Constitución de Georgia para que el Tribunal Fiscal de Georgia esté investido del poder judicial del estado y tenga sede, jueces y jurisdicción concurrentes con los tribunales superiores?”.
Esta propuesta busca crear un Tribunal Fiscal de Georgia especializado en los casos de disputas y apelaciones fiscales relacionados con temas de impuestos y que actualmente son vistos por un tribunal fiscal del poder ejecutivo.
La Guía para el votante de la Cámara de Georgia indica que el nuevo Tribunal Fiscal tendría la misma jurisdicción que los tribunales superiores, pero se especializaría en derecho fiscal, proporcionando un lugar más centrado para estos casos.
Las apelaciones de los casos fiscales irían al Tribunal de Apelaciones de Georgia, en lugar de a los tribunales superiores, que no están especializados en derecho fiscal. Si se aprueba, el tribunal comenzaría sus audiencias en agosto de 2026.
La representante Brenda López, quien es abogada, considera que esta iniciativa puede agilizar los procesos legales; sin embargo, destaca que a diferencia de los jueces de la corte estatal que son electos; quienes estarían al frente del tribunal fiscal serían designados directamente por el gobernador y los senadores estatales.
Además, menciona que el estado tendría que disponer un presupuesto para la creación de esta institución.
Si se aprueba, la medida modificaría el artículo VI de la Constitución de Georgia, que dicta el sistema judicial del estado. La Cámara de Representantes de Georgia votó por unanimidad la aprobación de la Resolución de la Cámara 598 el 27 de febrero, y el Senado de Georgia aprobó la resolución casi por unanimidad el 20 de marzo.
La pregunta tres es parte de un referéndum y no una enmienda constitucional. Traduce de la siguiente manera:
3-” ¿Aprueba la ley que aumenta la exención del impuesto sobre bienes inmuebles para todos los bienes muebles tangibles de 7.500,00 a 20.000,00 dólares?”
La guía de votantes de los demócratas en el condado de Fulton explica que un “Sí” elevaría el límite de exención fiscal a 20.000 dólares. “Este cambio tiene por objeto ayudar a los propietarios de pequeñas empresas, incluidas las de operaciones muy pequeñas o unipersonales, disminuyendo la carga fiscal en curso sobre lo esencial de las empresas ya gravadas”.
En la guía de la Cámara de Georgia establecen que la propiedad tangible incluye artículos muebles tales como equipos de negocios y muebles – pero excluye los vehículos, remolques y casas móviles.
Para Brenda López esta propuesta enfrenta problemas similares a los de la enmienda 1, en el sentido en que una disminución de los impuestos podría conllevar una disminución de la financiación de la educación pública y otros servicios.
“Si yo no tengo negocios, esta medida no tiene consecuencias reales para mí; pero de ser aprobada sus efectos nos alcanzan a todos los habitantes de Georgia” indicó la exrepresentante.
El Senado de Georgia aprobó por unanimidad la propuesta el 26 de marzo. La última vez que se aumentó esta exención fue en 2002, cuando el límite se elevó a 7.500 dólares.
Este artículo se publicó gracias a la beca periodística electoral de The Pivot Fund, una organización filantrópica que potencia las noticias comunitarias independientes lideradas por personas negras, indígenas o de color (BIPOC, por sus siglas en inglés).
