Esclavos con visa: el fraude detrás del programa H-2A en los campos de Georgia

Este reportaje fue realizado con el apoyo de https://altavozlab.com/ una organización dedicada a fortalecer y visibilizar el trabajo de periodistas comunitarios.

La mirada de “Perla” se volvió a encender de optimismo cuando el autobús que la transportaría desde Monterrey, en México, hasta los campos de cultivo de blueberries en Georgia inició su marcha sin retorno, en un viaje que había planificado por segunda vez, ahora esperanzada de que todo sería mejor para ella y la familia que dejaba atrás, sostenida solo por la promesa de un trabajo fijo y legal en los Estados Unidos.

Junto a ella, más de un centenar de obreros en sus mismas condiciones habían llegado desde pueblos remotos de la República Mexicana a la cita impostergable con una mejor oportunidad de vida para los suyos, tras haber sido reclutados por paisanos que les habían prometido no solo trabajo, sino también una buena paga, vivienda, transporte y días libres para hacer sus compras, lavar su ropa y descansar un poco. ¡La oferta casi perfecta!

Sin embargo, tanto ella como el resto del grupo estaban por descubrir una realidad distinta que cambiaría sus vidas y los dejaría en una situación de vulnerabilidad, quizá peor de la que venían huyendo.

“Prácticamente sufrimos abuso laboral, racismo, pues al final de todo, fuimos corridos de ahí y, pues, no obtuvimos nada, ni siquiera paga”, dijo “Flor”, otra de las afectadas.

La gran promesa 

“Perla”, de voz frágil y facciones menudas, a quien identificaremos con un nombre ficticio, por temor a represalias contra ella o sus familiares que se quedaron en México, dice que muchas veces en los pueblos de allá hay personas que contactan a contratistas, quienes se encargan de reunir a trabajadores que quieran venir a Estados Unidos a trabajar en el campo bajo el programa de trabajadores temporales con visas H-2A.

Estas personas, a su vez, tienen a otras que ayudan a los trabajadores a hacer los trámites legales y a aceptar los contratos, que firman, incluso sin conocer a fondo lo que dicen porque están en inglés, y a ellos, básicamente, solo les interesa saber cuánto van a ganar.

“En realidad, ni siquiera uno sabe, no sabe, no te explican, simplemente, la licenciada en Monterrey al final de todo da el contrato y tú recién te das cuenta ahí de que son solo dos meses de contrato, muy poco, la verdad y pues no te explica nada más”

Otra falla que dice “Perla” notó desde Monterrey, es que los contratos no venían a su nombre, sino al de un funcionario que los representaría a todos y quien se convertiría en la persona a cargo del grupo para todos los efectos de verificar que las condiciones del acuerdo se cumplieran satisfactoriamente para ambas partes.

“Simplemente te lo dan y, pues, no aparecen nuestros nombres ni nada por el estilo”, afirma.

“Cristian”, por su parte, es un padre joven que está tratando de darle una mejor vida a su hijita de solo 3 años, quien, junto con su esposa, se quedaron en México esperando las remesas que él les había prometido enviar apenas recibiera los primeros salarios, pero eso cambió drásticamente desde su llegada a Georgia.

“Después de que nos autorizaron la visa, llegamos a Georgia… cerca de Valdosta, a unas trailas no habitables, la verdad…no eran para poder habitarlas”

“Cristian” también prefiere mantener el anonimato y ser llamado solo por su primer nombre, esto por temor a su integridad si dice algo que no les guste a quienes los contrataron en México, sino porque en ese momento ya habían salido de la granja donde debían trabajar y estaban en otro lugar que no quería revelar.

Señala que entre todos los que llegaron a las granjas a cortar blueberries en Waycross al sur de Georgia, eran cerca de 130 personas, y que además encontraron ya posicionados alrededor de otro centenar que eran, al parecer, de Centroamérica, especialmente hondureños.

“No se podía uno bañar, no se podía entrar al baño en sí”, porque el agua estaba toda fea y olía feo. “La cocina, el agua igual, olía muy feo”, recalca.  “Teníamos estufa, unos refris, pero pues igual no teníamos ni para comer”.

Por la falta de camas, los acomodaron en colchones inflables y los espacios se volvieron tan reducidos debido al volumen de personas que tuvieron que sobrepoblar las casas móviles destinadas a su descanso.

“En un principio nos metieron 16 en una sola traila”, que, según narra Cristian, daba la impresión de que la habían usado antes como tienda, pero igual: “El piso todo feo, todo se estaba hundiendo. La madera toda podrida”.

La otra afectada es “Flor”, quien no tuvo temor a dejarnos ver su rostro; fue más enfática desde el comienzo, cuando pudimos contactarla vía Zoom desde algún lugar de Estados Unidos, no solo lejos de su hogar, sino también del sitio donde debía estar cumpliendo las labores agrícolas para las cuales fue contratada.

“Fuimos defraudados en un trabajo en el que veníamos a trabajar en el campo al corte de blueberries”, nos resumió, sentada sobre unas escaleras, ya entrada la noche, cuando había regresado de su trabajo y estaba lavando su ropa, según nos dijo.

¿Qué es el programa de Visas H-2A? 

El programa de visas temporales H-2A permite que trabajadores como Cristian, Perla y Flor, crucen la frontera para sostener con sus manos la temporada de cosechas en Estados Unidos y luego, cuando todo termina, deben volver a sus países de origen, en solo el primer trimestre de 2025, se acreditaron 43,436 puestos de H-2A en el estado de Georgia.

La realidad que describen muchos trabajadores es dura: inestabilidad económica, condiciones laborales peligrosas y serias dificultades para acceder a atención médica y a servicios esenciales marcan profundamente sus días, tal como lo evidenciamos en el transcurso de nuestra investigación.

El programa es administrado principalmente por el Departamento de Trabajo (DOL), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS). Para participar, los empleadores deben demostrar que:

No hay suficientes trabajadores estadounidenses capaces, dispuestos y disponibles; la contratación de trabajadores H-2A no afectará negativamente los salarios ni las condiciones laborales de los trabajadores locales; el empleo es temporal, ya sea por temporada, por cosecha o por necesidad puntual.

Asimismo, el gobierno exige que los empleadores H-2A proporcionen ciertos beneficios obligatorios, como:

Salario mínimo establecido por el gobierno federal o estatal; vivienda gratuita y segura para los trabajadores; transporte desde y hacia el lugar de trabajo; condiciones laborales que cumplan con las leyes laborales federales.

En 2025, los empleadores estadounidenses solicitaron más de 333,000 puestos H-2A y se aprobaron aproximadamente 317,408 de esos puestos para trabajadores bajo el programa, según datos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

“Flor”dice que llegó a Estados Unidos por medio de un contrato que inicialmente era de tres meses, pero resultó que, estando acá, le dijeron que solo eran dos, y todo ese tiempo estuvieron trabajando sin alimentos ni paga.

“No cobramos ningún sueldo porque no hubo; no hubo sueldo como tal, porque él dice que el patrón no nos pagó y se quedó con el dinero”.  Cuando habla de él, se refiere a la persona que los transportó desde México, quien al final no les correspondió en todo lo que les había prometido.

Los contratos de estos tres trabajadores agrícolas a los que tuvimos acceso tenían como fecha de inicio el 13 de febrero de 2025 y como fecha de término el 16 de mayo del mismo año, en los campos de cultivo de arándanos de Bennett Fresh Pak, LLC, una compañía familiar con domicilio en Waycross, Georgia.

El 29 y 30 de octubre de 2025 enviamos dos mensajes a la dirección de correo electrónico de Bennett Fresh Pak, asociada al contrato del que los trabajadores denunciaron violaciones a sus derechos; sin embargo, varios meses después del cierre de este reportaje, no obtuvimos respuesta. En los documentos obtenidos a través de peticiones de registros abiertos, este contratista no tenía quejas en su contra.

La entidad que los regula, el Sistema de Colegios Técnicos de Georgia (TCSG), también señaló que esta fue la primera vez que Bennett Fresh Pak utilizó el programa H-2A en Georgia y que no tenía información sobre multas asociadas a este empleador.

Un problema recurrente 

Gigi Pedraza, presidenta y fundadora del Fondo Latino Comunitario de Georgia, quien trabaja con las comunidades campesinas en su territorio, dice que la experiencia de Perla Cristian y Flor es común.

Normalmente Pedraza dice que se encuentran entre 32,000 y 48,000  trabajadores agrícolas H-2A a la vez en el estado, y a pesar de que ellos se  encargan de recoger las frutas y verduras que alimentan al público, la  mayoría de estos, no tienen ciertas protecciones como servicios de salud,  buenas condiciones de vivienda como calefacción y aires acondicionados o  salubridad, y tampoco les son respetados sus días libres para salir de los  campos a las ciudades a abastecerse de alimentos y artículos de primera  necesidad.

“La gran mayoría de los trabajadores viven en barracas, en habitaciones colectivas donde viven entre 15, las mejores, hasta 40, 50 o 60 personas, que básicamente tienen una litera donde tienen que guardar todas sus cosas”, denuncia Pedraza.

“No tienen privacidad; tienen un área donde pueden preparar o guardar su comida”, concluye.

La Ley de Protección de los Trabajadores Agrícolas Inmigrantes y de Temporada de 1983 establece normas para proteger los salarios y garantizar viviendas y transporte adecuados para los trabajadores. Pero las amplias quejas de estos, así como el conocimiento de los activistas y abogados que los respaldan, son evidencia de que estas protecciones no se aplican.

Solo un buen intento 

Atendiendo estas quejas y reclamos, tanto por parte de campesinos como de sindicatos y activistas, en abril de 2024, bajo la administración de Biden, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos dio vida a lo que se llamó la modernización del programa de visas H-2A.

Estas normas obligaban al empleador a pagar los costos de reclutamiento y de visa; a otorgar un contrato escrito, alojamiento seguro y transporte diario; a permitir que el trabajador se queje o participe en investigaciones sin amenazas ni represalias; a pagar el viaje de retorno; y a aclarar las obligaciones del empleador.

Pero bajo el nuevo gobierno del presidente Trump, que se inició en enero de 2025, esas garantías se han suspendido mediante una orden ejecutiva.

“Hay empleadores y otros actores que están tratando de bloquear esa ley y la administración también está tratando de quitar esas protecciones nuevas, para ampliar el poder de las personas trabajadoras”, dijo Julia Solórzano, del Centro de los Derechos del Migrante una de cuyas oficinas funciona desde Atlanta.

Solórzano dice que también había una regla bajo el Departamento de Seguridad Nacional, para los programas H-2A y H-2B, que trataba de dar protecciones más sólidas a las víctimas si las personas denunciaban a sus empleadores y protecciones más fuertes contra las cuotas de reclutamiento ilegales, pero ahora también está enfrentando problemas.

Precisamente la jueza federal para el sur de Georgia, Lisa Godbey Wood, impuso una medida cautelar que impide que dichas medidas de protección se apliquen en 17 estados, incluido este, el segundo con el mayor número de visas H-2A en todo el país.

La jueza declaró en su momento que la norma del Departamento de Trabajo de Estados Unidos es inválida porque el Congreso excluyó explícitamente a los trabajadores agrícolas de dichas protecciones al otorgárselas a otros trabajadores del sector privado en la Ley Nacional de Relaciones Laborales desde 1935.

Como consecuencia, dice Solórzano, hay mucho miedo por parte de todos los trabajadores en el país y, por lo tanto, si alguien está experimentando acoso sexual, robo de salario o problemas muy graves en el empleo, tiene que decidir si va a correr el riesgo de reclamar o de perder su trabajo y todo lo que ya ha invertido.

“Y en muchos casos, especialmente cuando hay cuotas o algo ilegal que tienen que pagar en México o en otro país, es una decisión muy difícil porque necesitan el dinero del trabajo para pagar todo eso”, señala.

El sonado caso de la “Cebolla Floreciente”

En octubre de 2021, un gran jurado acusó formalmente a 24 personas de conspiración para participar en trabajos forzados y otros delitos relacionados. La fiscalía federal afirma que los acusados exigieron a los trabajadores agrícolas que pagaran tarifas ilegales para obtener empleo, les retuvieron sus identificaciones para que no pudieran irse, los obligaron a trabajar por poco o por ningún salario, los alojaron en condiciones insalubres y los amenazaron con la deportación y con violencia.

Dos trabajadores murieron a causa del calor, según la acusación, los registros judiciales indican que cinco trabajadores fueron secuestrados y uno de ellos fue violado.

El pasado 10 de febrero de 2025, María Patricio, la mujer considerada el  cerebro de estas atrocidades, fue condenada a 12 meses y un día de  prisión, además, se le imputó el pago de más de 300 mil dólares al  demostrarse que explotó a trabajadores agrícolas en el sur de Georgia, tras  la operación Blooming Onion, (Cebolla Floreciente) la investigación más  grande sobre abusos laborales en el programa de Visas H-2A en el país  donde estuvieron involucrados contratistas, granjeros y funcionarios  estatales.

Tras el anuncio de esta operación, las investigaciones periodísticas de los diarios USA Today, Augusta Chronicle y Savannah Morning News revelaron que dos funcionarios del Departamento de Trabajo de Georgia (GDOL), cuyas asignaciones implicaban proteger o defender a los trabajadores agrícolas, tenían vínculos con Patricio, quien tenía 70 años al momento de la acusación.

El artículo de Savannah Morning News reveló que Jorge Gómez, un defensor estatal del GDOL que ya se jubiló, es hermano de Patricio, que trabajaba para el estado mientras se cometían los abusos en los campos de Georgia, y aunque no fue imputado, su domicilio fue registrado por el FBI como parte del caso, según consta en los registros de la época.

Asimismo, investigaciones posteriores revelaron que un agente federal testificó que funcionarios del Departamento de Trabajo de Georgia (GDOL) fueron sobornados por la presunta organización de tráfico de personas de Patricio.

Coincidencialmente, la jueza, Lisa Godbey Wood, la misma que impuso una medida cautelar contra las nuevas reglas de protección a los trabajadores agrícolas en Georgia, es la misma que estuvo al frente de la investigación y la condena a María Patricio.

Defensores de los trabajadores agrícolas, como Solórzano, señalan que se registran muchos casos de tráfico o trata de personas vinculados a los programas de visas temporales.

“A veces les quitan sus pasaportes y sus visas, y cuando hay tanta falta de control de las personas trabajadoras sobre sus vidas, resulta difícil; es una situación en la que existe riesgo de tráfico humano”, agrega.

A su juicio, tener un caso como el de Blooming Onion, que llamó mucho la atención de la prensa y del público en general, es muy importante para recordar a todo el público que existen problemas en estos programas.

¿Trajo la investigación sobre la “Blooming Onion” algún beneficio a los trabajadores agrícolas? 

En el año 2023, a raíz de la operación Blooming Onion, que ya estaba en curso, el gobierno estatal delegó en el Sistema de Colegios Técnicos de Georgia el programa de certificación de trabajadores extranjeros, que incluye las solicitudes de empleo H-2A, quitándole esta responsabilidad al Departamento de Labores como había sido hasta entonces.

Esto se debió a que, como quedó constancia en documentos judiciales de la época, funcionarios del Departamento de Labores de Georgia estuvieron relacionados con los acusados en la Operación Cebolla Floreciente.

Solicitamos a los voceros del Sistema de Colegios Técnicos de Georgia— TCSG una entrevista en cámara, que nos fue negada, pero nos respondieron por escrito que su función es revisar las solicitudes de empleo de cualquier empleador que desee utilizar el programa H-2A para contratar trabajadores temporales y de temporada y apoyar el trabajo agrícola en el estado de Georgia.

“Nos aseguramos de que cada oferta de empleo cumpla con las regulaciones federales y estatales, incluyendo lo siguiente: salarios que cumplan con las regulaciones federales y estatales, requisitos de vivienda, condiciones laborales, reclutamiento y transporte.”

También nos advirtieron que esa dependencia no se hace responsable de las infracciones cometidas por los empleadores. Cuando las hay, las infracciones se remiten a la agencia competente, como la División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos o la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA).

“Por ejemplo, si se presentó una queja sobre vivienda o salarios, dado que estos aspectos podrían cambiar después de que los trabajadores estén en el lugar de trabajo, se remite a la División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (USDOL), que investigará”, dijo Rhonda Waite, directora ejecutiva de Programas y Operaciones de Servicios de Empleo, a cargo del programa de Certificación de Trabajadores Extranjeros, que incluye las solicitudes de empleo H-2A.

“También colaboramos con las autoridades locales y estatales para remitir quejas, como las de trata de personas”, señaló.

Waite dijo que los trabajadores sociales ayudan a conectar a las víctimas de infracciones con los servicios de apoyo y una vez que las agencias de cumplimiento hayan realizado una investigación y se haya detectado una infracción que justifique la Suspensión de Servicios, la Agencia Estatal de la Fuerza Laboral (OWD de TCSG) emite dicha suspensión.

“Esto prohibirá al empleador publicar nuevas órdenes de trabajo en la Agencia Estatal de la Fuerza Laboral del Estado”, señaló Waite.

Por desgracia para Flor, Cristian y Perla, el día en que trabajadores como ellos sean verdaderamente apreciados en Estados Unidos aún está lejos. Por eso, cuando reclamaron ante sus encargados y supervisores, así como ante los dueños de la granja, lo que consideraron sus derechos y, en especial, su paga merecida, fueron desalojados de esta y escoltados por la policía, según los trabajadores.

 

Cristian dijo que, en su enojo, el patrón les había dicho: “Se estaban metiendo con un oso mayor que tenía más poder que cualquier persona en Georgia. Que, si nosotros quisiéramos hacer algo dentro de su compañía, los sheriffs estaban a su disposición”.

Los trabajadores dicen que fueron desalojados de sus estancias por orden de la policía, a partir de ahí, el grupo comenzó a dispersarse por distintos lugares del estado y del país.

¿Quiénes ayudan a los campesinos migrantes en los campos de Georgia?

La Oficina de Servicios Legales de Georgia visita los campos de Georgia para tener acceso directo a los trabajadores desde 1978. La mayoría de sus clientes son trabajadores que vinieron al estado con visas H-2A.

“De estos casos, casi todos tienen los mismos problemas, y es porque esos trabajadores vienen con una visa que solamente pueden trabajar para un empleador. Entonces, ese empleador tiene total control sobre el trabajador, y se aprovecha de ese control para enriquecerse”, dijo Marisol Mercado Spencer.

Mercado-Spencer ofrece una breve radiografía de cómo se origina el problema en las propias comunidades de los países de origen de los trabajadores.

“Primero, alguien va al país de origen, que puede ser México, Guatemala, Nicaragua, a ofrecerles al trabajador un trabajo súper bueno en los Estados Unidos, ganándose unos salarios que en su país nunca se podrían ganar, con vivienda gratis y otros beneficios”, narra.

Lo peor, advierte la abogada, es que a veces también los obligan a trabajar con amenazas de deportación y les quitan los pasaportes para que no puedan irse.

“Hemos visto a las mujeres, que muchas veces las acosan sexualmente”, enfatizó Mercado-Spencer.

Una demanda que busca reivindicar los derechos de los trabajadores 

El pasado 24 de noviembre de 2025, la Unión de Trabajadores Agrícolas de Estados Unidos (UFW) y la UFW Foundation interpusieron una demanda contra la administración Trump por una nueva norma que recorta los salarios de los trabajadores H-2A entre 5 y 7 dólares por hora, lo que transfieren directamente 2.460 millones de dólares anualmente en salarios de trabajadores a empleadores, según las propias estimaciones del gobierno, replicadas por los sindicalistas.

“Los trabajadores agrícolas este año, ya sabe, han recibido un doble golpe.  Primero llegaron redadas devastadoras que separaron familias e intimidaron a comunidades enteras. Ahora llegan drásticos recortes salariales que ponen en riesgo el desplazamiento de residentes de larga data y amplían el explotador programa de trabajadores huéspedes H-2A”, dijo Teresa Romero, presidenta de UFW.

Una investigación en curso 

Por medio de una petición de registros abiertos dirigida al Sistema de Colegios Técnicos de Georgia (TCSG) y a su programa de certificación de trabajadores extranjeros, pudimos constatar que actualmente se encuentra abierta una investigación derivada de las quejas de algunos trabajadores que formaron parte de la orden de trabajo GA-1231831, del 13 de febrero de 2025, de la que participaron nuestros tres querellantes en esta nota.

“Los incidentes en cuestión se reportaron a las agencias correspondientes, específicamente al GBI (Buró Federal de Investigaciones de Georgia) y al Departamento de Agricultura, así como al Departamento de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo de Estados Unidos”, respondió Leigh Keever, Coordinadora de Políticas de TCSG.

“Tanto el GBI como el Departamento de Agricultura de Georgia han confirmado que están llevando a cabo investigaciones en curso. El Departamento de Agricultura de Georgia es la agencia investigadora principal en este incidente”, dijo Keever.

Finalmente nos dijeron que TCSG, debido a la investigación en curso, no podía divulgar más información.

¿Qué hacer si cree que sus derechos están siendo vulnerados? 

Oscar Samaniego, cónsul de protección y asuntos legales del consulado general de México en Atlanta, que cubre los estados de Georgia, Alabama y Tennessee, dice que uno de los tantos temas de los que se encargan es el laboral.

“¿Qué vemos dentro del Departamento de Protección en materia de asuntos laborales? Son todas aquellas situaciones como salarios no pagados, que sean menores a los de la ley, algún accidente, algún problema de trabajo, alguna discriminación, condiciones de trabajo”, nos dijo Samaniego.

 

“Quiero hacer también especial énfasis en que cada caso es individual, cada caso es específico y la invitación siempre será a que la comunidad se acerque con nosotros al departamento para recibir la orientación adecuada para el caso que necesita específicamente el connacional”

Dijo también que cuando va a venir un grupo grande o pequeño de trabajadores temporales con visa, las autoridades estatales generalmente les notifican y programan visitas a las granjas durante la temporada de cosechas.

“Y lo que hacemos es contactarlos para que ellos tengan nuestro número de teléfono de la línea de protección para cualquier eventualidad puedan acercarse o puedan notificarnos de cualquier situación que tengan”.

LINEAS DE AYUDA: 

• La línea de protección del consulado general de México en Atlanta es: (404) 736-4141. A este número pueden llamar en horario de oficina, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
• El número de WhatsApp de la Oficina de Derechos al Trabajador de Georgia Legal Services es 1-912-245-2806, donde pueden comunicarse en español.

*Usamos nombres ficticios para este reportaje.

Este reportaje fue realizado con el apoyo de https://altavozlab.com/ una organización dedicada a fortalecer y visibilizar el trabajo de periodistas comunitarios.