Una jueza federal bloquea la eliminación de protecciones migratorias para hondureños, nepalíes y nicaragüenses en EE. UU.
Una jueza federal estadounidense detuvo este miércoles los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para poner fin a las protecciones contra la deportación que ofrecía el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a miles de inmigrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua. La decisión significa un respiro para decenas de miles de personas que enfrentaban la posibilidad de ser deportadas a sus países de origen.
La decisión judicial
La magistrada Trina L. Thompson, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Norte de California, consideró que el intento del gobierno de terminar el TPS fue ilegal y violatorio de la ley federal, en particular de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés). En su fallo, Thompson determinó que las acciones tomadas por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, no siguieron los procedimientos requeridos por la ley y estaban “predeterminadas”, sin una evaluación objetiva de las condiciones reales en Honduras, Nepal y Nicaragua.
La jueza también citó declaraciones públicas del expresidente Donald Trump y de Noem describiendo a inmigrantes como criminales o cargas sociales, lo que, según el fallo, refleja un prejuicio discriminatorio que no puede motivar decisiones administrativas bajo la Constitución de los EE. UU.
Qué es el TPS y a quiénes protege
El Estatus de Protección Temporal es un mecanismo migratorio estadounidense creado para ofrecer protección contra la deportación y permisos de trabajo a extranjeros que viven en EE. UU. pero no pueden regresar a sus países debido a desastres naturales, conflictos armados, violencia generalizada u otras condiciones extraordinarias.
Antes del fallo, el DHS estimaba que cerca de 89,000 personas estaban bajo esta protección:
- 72,000 hondureños
- 13,000 nepalíes
- 4,000 nicaragüenses
Estas personas, muchas de ellas residentes en Estados Unidos desde hace décadas, enfrentaban la pérdida de estatus legal y permisos de trabajo si el TPS era eliminado.
Motivos de la demanda
Los beneficiarios del TPS y las organizaciones que los representaron llevaron el caso a la corte argumentando que:
- La eliminación del estatus fue arrebatada sin un examen adecuado de la situación humanitaria, política y de seguridad en sus países de origen.
- El gobierno actuó con “animosidad racial” y motivaciones discriminatorias al decidir la terminación tan rápidamente.
- Reducir el periodo de transición a solo 60 días desde la notificación hasta la eliminación del TPS es una práctica no habitual en el DHS y violatoria de procedimientos estándares.
Reacciones a la sentencia
La decisión judicial fue recibida con alivio por defensores de inmigrantes, abogados y líderes comunitarios. Organizaciones que representan a miles de beneficiarios afirmaron que la orden restituye las protecciones y obliga a los empleadores a aceptar los permisos de trabajo legales de los afectados.
En Honduras, la presidenta Xiomara Castro celebró el fallo y aseguró que continuará apoyando a los «tepesianos» (beneficiarios del TPS) durante su mandato, destacando el impacto positivo para familias enteras que han construido vidas y comunidades en EE. UU. durante muchos años.
Este fallo se presenta en el marco de una serie de desafíos legales y políticas migratorias en Estados Unidos:
- Tribunales de menor instancia han bloqueado otros intentos de terminar el TPS para diferentes grupos nacionales en los últimos meses.
- En algunos casos, tribunales de apelación previamente permitieron continuar la terminación de protecciones mientras se dirimían los casos en instancias judiciales.
- La Corte Suprema de EE. UU. permitió la eliminación del TPS para venezolanos, pero otros programas siguen siendo objeto de batalla judicial.
¿Qué sigue?
Aunque la jueza Thompson restauró las protecciones del TPS para estos grupos, no descarta que el gobierno federal pueda apelar la decisión ante una corte de apelaciones. La batalla legal podría avanzar en 2026, lo que mantiene incertidumbre sobre el futuro de este estatus migratorio para quienes dependen de él para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
