Entra en vigor el impopular impuesto del 1 % a las remesas desde EE. UU.: ¿Quiénes pierden y qué consecuencias tendrá en América Latina?
A partir de este jueves primero de enero entró en vigor un nuevo impuesto federal del 1 % sobre el envío de remesas desde Estados Unidos hacia otros países, una medida incluida en el paquete fiscal impulsado por el presidente Donald Trump y aprobada por el Congreso el año pasado como parte de la controvertida One Big Beautiful Bill Act.
La tasa afectará fundamentalmente a remesas enviadas en efectivo, giros postales y cheques, mientras que las transferencias digitales o bancarias —como tarjetas de débito o crédito, y billeteras electrónicas— quedan exentas de este gravamen.
Impacto económico para familias y economías receptoras
Organizaciones internacionales y expertos en desarrollo han advertido que este impuesto —el primero de este tipo que aplica el gobierno federal de Estados Unidos sobre transferencias individuales— podría reducir el flujo de remesas y encarecer el envío de dinero familiar para millones de migrantes que dependen de estos recursos para gastos esenciales, como alimentación, educación o salud.
Además, el impuesto se suma a los costos ya existentes, que incluyen comisiones de los proveedores de servicios de remesas y diferencias cambiarias. Según analistas, esto podría traducirse en una caída estimada de alrededor del 1.6 % en el volumen total de remesas, afectando la sostenibilidad de los envíos a países de América Latina, África y Asia.
Organismos como el Institute of Development Studies (España) y el Overseas Development Institute (Reino Unido) han expresado que, lejos de servir a los objetivos declarados por la administración Trump de frenar la migración irregular, el impuesto podría incentivar rutas informales de envío de dinero y presionar a algunas familias a migrar en busca de ingresos adicionales.
Países más afectados y respuesta regional
Los principales países receptores de remesas desde Estados Unidos —como México, India, China, Guatemala, El Salvador y República Dominicana — podrían ver disminuir el poder adquisitivo de los ingresos familiares, con impactos distintos según el peso de estos recursos en sus economías. El Salvador, por ejemplo, es uno de los países donde las remesas representan una mayor proporción del PIB.
En Centroamérica, economistas estiman que Honduras podría dejar de recibir alrededor de 200 millones de dólares anuales, mientras que en Ecuador se calcula que cerca de 50 millones podrían quedarse en Estados Unidos solo por el efecto impositivo.
Aunque los ingresos fiscales que generará este impuesto son modestos (se estima que podría recaudar alrededor de 10 mil millones de dólares en una década), críticos señalan que el impacto social será mayor que el beneficio fiscal para Washington y podría incluso desacelerar el crecimiento económico en países altamente dependientes de las remesas.
Críticas de organismos internacionales
Organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y el Banco Mundial han recomendado durante años reducir los costos de envío de remesas a nivel global, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, precisamente para maximizar los beneficios sociales de estos recursos y no obstaculizar su flujo. El nuevo impuesto estadounidense va en sentido contrario a estas recomendaciones internacionales.
Analistas financieros también han advertido que el impuesto podría incentivar la informalidad en los envíos y aumentar los riesgos de fraudes o transferencias no reguladas si las familias tratan de evitar el gravamen.
