El IRS compartirá información fiscal de migrantes con ICE: un giro que genera alarma
Esta decisión podría afectar a miles de personas que han declarado impuestos usando su ITIN con la confianza de que sus datos serían protegidos
El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) ha llegado a un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para compartir información fiscal de migrantes bajo investigación o con órdenes de deportación, según documentos judiciales presentados esta semana.
La decisión marca un cambio drástico en la política del IRS, que por años ha trabajado para generar confianza entre los inmigrantes y alentarlos a presentar sus declaraciones de impuestos, incluso si están en situación irregular.
El acuerdo, alcanzado el lunes 7 de abril, establece que ICE podrá solicitar al IRS información personal de ciertos contribuyentes, como direcciones, ingresos y datos familiares, amparándose en una excepción legal que permite el uso de estos datos en investigaciones criminales. Hasta el momento, según el documento judicial, no se ha compartido información, pero el mecanismo ya está formalizado.
Consecuencias legales y sociales
Por ley, los datos fiscales están fuertemente protegidos, incluso frente a otras agencias gubernamentales. Funcionarios del IRS han expresado preocupación de que este nuevo uso podría ser ilegal. De hecho, el principal abogado del IRS fue removido de su cargo recientemente, y reemplazado por un nominado previo de la administración Trump, en medio del desarrollo del acuerdo.
Para Nina Olson, exdefensora nacional del contribuyente y actual directora del Centro de Derechos del Contribuyente, esta decisión es “sin precedentes” y representa una ruptura con la práctica histórica del IRS de mantener la confidencialidad de los datos fiscales.
Preocupación en la comunidad inmigrante
Cada año, millones de trabajadores indocumentados contribuyen al sistema fiscal estadounidense utilizando el ITIN, un número de identificación individual para contribuyentes que no califican para un número de seguro social. Muchos lo hacen con la confianza de que sus datos no serán utilizados con fines migratorios.
Organizaciones de derechos de los inmigrantes y abogados fiscales advierten que esta medida podría generar temor y desconfianza, llevando a muchas personas a dejar de declarar impuestos y buscar empleos fuera del sistema formal, afectando programas como el Seguro Social que se benefician de estas contribuciones.
Grupos de defensa migratoria han presentado demandas para detener el intercambio de información y califican la medida como una violación de derechos básicos.
La controversia continúa mientras se espera una posible intervención judicial para bloquear o limitar el alcance del acuerdo.
