Venezolanos con TPS demandaron hoy a la administración Trump por la cancelación del programa

Un grupo de venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS) presentó hoy

una demanda contra la administración Trump por su intento de terminar ilegalmente las protecciones del TPS para más de 600.000 personas, incluidos 350.000 venezolanos, dijo la Alianza Nacional del TPS.

La demanda, liderada por la Alianza Nacional TPS y ocho venezolanos beneficiarios del del programa, impugna la cancelación abrupta de una extensión de 18 meses del TPS otorgada por la administración Biden en enero de 2025.

Esta medida dejará a cientos de miles de personas vulnerables a la deportación, lo que podría obligarlos a regresar a la terrible crisis política y económica de Venezuela. “Hemos enfrentado la amenaza de la terminación del TPS en el pasado, y nunca imaginamos que nos encontraríamos en esta situación nuevamente”, dijo el hondureño Francis García, miembro de la Alianza Nacional TPS.

Los beneficiarios del TPS son miembros cruciales de las comunidades estadounidenses, que contribuyen a la fuerza laboral y a sus familias. La terminación de sus protecciones no solo es injusta, sino peligrosa.

La demanda cuestiona las acciones de la administración por violar la Ley de Procedimiento Administrativo, que prohíbe la terminación anticipada del TPS, y por ser discriminatorias, acusando a la administración de prejuicios raciales al atacar a los migrantes venezolanos.

También subraya la demanda que el TPS es una herramienta humanitaria diseñada para proteger a aquellos huyendo de crisis que amenazan la vida, como la situación en Venezuela.

“Confié en que el gobierno cumpliría con su compromiso de extender el TPS, y ahora mi futuro es incierto”, dijo Freddy Arape, un especialista en tecnología de la información radicado en Texas y demandante en el caso. Él, como muchos otros, se encuentra en riesgo mientras el gobierno de los EE. UU. intenta revocar su promesa de protección, que tenía como objetivo proteger a las personas de condiciones inseguras en sus países de origen.

Representados por grupos de derechos civiles como la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), la ACLU y el Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de la UCLA, los demandantes argumentan que la decisión de la administración viola la Constitución de los EE. UU., en particular las protecciones contra la discriminación racial.

A medida que avanza la demanda, la comunidad latinoamericana en general se solidariza, ya que esta acción injusta amenaza no solo a los venezolanos sino también a otros grupos que enfrentan riesgos similares, lo que hace que la lucha por las protecciones del TPS sea una causa vital para los derechos de los inmigrantes en todo el país.