Penden de un hilo programas de protección humanitaria como el TPS, DACA y el asilo para migrantes
Las amenazas del presidente electo Donald Trump hacia los migrantes no se circunscriben a la deportación masiva de personas.
Laura Weffer Cifuentes*
A partir del 20 de enero, el destino de más de 800 mil personas viviendo en Estados Unidos vuelve a estar en riesgo ante la posibilidad de ser despojadas del TPS o Estatus de Protección Temporal.
Las amenazas del presidente electo Donald Trump hacia los migrantes no se circunscriben a la deportación masiva de personas. Durante su campaña presidencial dejó en claro que sus políticas abarcarían otros aspectos previstos en las leyes estadounidenses como el beneficio del TPS que incluye a ciudadanos de varios países, entre ellos: Venezuela, Haití, Nicaragua, El Salvador y Honduras.
El TPS es una figura que depende del secretario del Departamento de Seguridad Nacional y que básicamente permite la estadía en Estados Unidos de personas que no pueden regresar a su país de manera segura ya sea por “conflicto armado, un desastre natural u otras condiciones extraordinarias”, según indica la página del gobierno.
Las personas amparadas bajo este sistema no podrán ser detenidas por su estatus migratorio en el país y tendrán acceso a permiso de trabajo y de viaje. Sin embargo, este proceso no necesariamente conduce a obtener el estatus de residente legal.
Al ser una medida temporal, cada tanto debe ser renovada y la mayoría de estas designaciones expiran en 2025, pero es probable que no se extiendan otro ciclo, si se toma como referencia el mandato anterior de Donald Trump (2016-2020).
Durante esos cuatro años, Trump intentó arrancar este beneficio a personas de Haití y Sudán. Sin embargo, la iniciativa fue interpelada por demandas legales y bloqueada por jueces que consideraron que las propuestas eran discriminatorias y carecían de fundamento.
En una entrevista con News Nation en octubre, Trump dijo que pondría fin a las protecciones del TPS para los haitianos después de mentir sobre los inmigrantes que comían mascotas en Springfield, Ohio: «Absolutamente lo revocaría», dijo, y agregó que los enviaría de regreso a su país de origen, pese a los profundos problemas sociales y económicos que aquejan al país caribeño.
Según datos oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la distribución de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal dentro de Estados Unidos varía significativamente según el país de origen.
Para el 31 de diciembre de 2023, había más de 870 mil beneficiarios, la mayoría de ellos de Venezuela, El Salvador, Haití y Honduras.
Los estimados para marzo de 2024 indicaban que casi 30.000 personas bajo el TPS estaban ubicadas en Georgia, siendo Florida el estado que más habitantes tenía con este beneficio.
Otros beneficios
Pero el TPS no es el único beneficio que podría ser afectado por políticas anti-migratorias.
Hay otros programas humanitarios que el gobierno de Estados Unidos lleva adelante.
La visa VAWA se enfoca en las personas que han sido maltratadas o abusadas por un familiar ciudadano estadounidense o residente permanente legal.
Esta opción le permite a las víctimas hacer el trámite sin el conocimiento, consentimiento o participación del maltratador en el proceso de inmigración. Esto facilita a las víctimas buscar seguridad e independencia de sus abusadores.
Para estas denuncias existe una línea telefónica de apoyo en el 1-800-799-7233 o 1-800-787-3224.
La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) ha sido un salvavidas para cientos de miles de jóvenes inmigrantes conocidos como “Dreamers”.
En su primer mandato, Trump intentó eliminar DACA, lo que provocó una batalla legal que llegó hasta la Corte Suprema. Aunque el programa sigue vigente, su futuro bajo un Trump reelegido parece incierto, especialmente si busca introducir reformas más estrictas o eliminarlo por completo.
El refugio y el asilo son otras formas de protección que permiten a los ciudadanos de otros países permanecer en EE.UU. que no pueden o no están dispuestos a volver a sus naciones de origen porque temen daños personales graves.
Sin embargo, darle un vuelco a la política migratoria y expulsar a cientos de miles de personas del país no será tan simple como firmar una orden ejecutiva.
Organizaciones pro-inmigración en todo el país ya están listas para emprender acciones legales y se preparan para informar a los ciudadanos sobre sus derechos.
Por ejemplo, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) lleva casi un año preparándose para impugnar políticas severas, incluido cualquier uso ilegal de fuerzas militares para la deportación.
El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes está listo para proporcionar apoyo legal para defender los derechos de los inmigrantes y luchar contra las detenciones arbitrarias.
Mientras que la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración está analizando las promesas de Trump en materia de inmigración y preparándose para impugnar legalmente las políticas que vulneren los derechos de los clientes a una tramitación justa de sus casos.
En Georgia, organizaciones como CASA y GLAHR llevan adelante reuniones periódicas y sesiones de información con los migrantes para alertarles sobre cuáles son sus derechos y qué hacer en caso de ser deportados.
Este artículo se publicó gracias a la beca periodística electoral de The Pivot Fund, una organización filantrópica que potencia las noticias comunitarias independientes lideradas por personas negras, indígenas o de color (BIPOC, por sus siglas en inglés).
