Laura Weffer Cifuentes*
Pedro tiene 39 años y trabaja en la construcción, llegó a Estados Unidos en 2002 y actualmente vive en Georgia, específicamente en Fort Valley. Por supuesto ha escuchado las amenazas de Donald Trump sobre la posible deportación masiva de personas indocumentadas, es un tema que pesa en el ambiente, pero ha decidido que no le quitará el sueño.
Es de la idea que “el que anda por el camino correcto” no será afectado por la medida. Comenta que ya vivió una situación similar en la primera presidencia de Trump (2017-2021) y considera que, si los efectos de esta política no lo alcanzaron antes, no hay razón alguna por la que lo haga ahora.
“Pos, miedo no tenemos. Si andas bien no tienen por qué deportarte”, asegura mientras termina de comer su almuerzo en la parte trasera de su “troca” junto a sus compañeros de obra.
Pero esta confianza podría verse seriamente contrariada por la realidad. Gustavo Torres, director de CASA Georgia, una organización que aboga por los derechos de los inmigrantes asegura que el enfoque del nuevo gobierno es que los inmigrantes latinos no son bienvenidos en el país.
“Están envenenando la sangre de nuestro país. Eso es lo que han hecho. Envenenan- instituciones mentales y prisiones en todo el mundo. No sólo en Sudamérica. No sólo en los tres o cuatro países en los que pensamos, sino en todo el mundo, están llegando a nuestro país – de África, de Asia, de todo el mundo. Están entrando a raudales en nuestro país”, dijo Donald Trump el 16 de diciembre de 2023, en un mitin en New Hampshire.
Las amenazas de las deportaciones masivas invocando la declaración de una emergencia nacional han sido alimentadas por un discurso incendiario en contra de los inmigrantes. Esto fue parte de la promesa electoral de Donald Trump y los expertos aseguran que fue fundamental para otorgarle el triunfo en los comicios del 25 de noviembre.
“Aunque hay varias condiciones que pueden repetirse del primer mandato de Trump (2017-2021) en términos de procesos de deportación, lo que sabemos hoy es que el congreso es republicano y eso tiene implicaciones en muchos sentidos. La Casa Blanca desde luego, pero también del Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia”, dice Adelina Nicholls, directora ejecutiva de Georgia Latino Alliance for Human Rights (GLAHR).
“Además, estarían colocando a funcionarios que se distinguen por ser de ultraderecha y por sus simpatías con grupos radicales”
La idea pareciera cristalizarse en la designación de sus funcionarios más cercanos, un trío de personas antiinmigración para tres puestos claves: Stephen Miller como subjefe de gabinete de la Casa Blanca; Tom Homan, como «zar de las fronteras»; y Kristi Noem, como secretaria de Seguridad Nacional.
Preocupados y ocupados en el centro de Georgia
La comunidad hispana del centro de Georgia está muy al tanto de las amenazas de Donald Trump sobre la posible deportación masiva de personas indocumentadas.
En una decena de entrevistas realizadas en Fort Valley y Warner Robins entre migrantes latinoamericanos, la mayoría de ellos indocumentados, el ánimo fluctuaba entre la preocupación y la resignación.
Eduardo tiene 46 años y llegó al país hace apenas cinco meses. Ya está trabajando con sus familiares y tampoco siente temor, si llegaran a expulsarlo de Estados Unidos, asegura que vuelve a su país y sigue con su vida tal como lo hacía antes.
Rob, de 23 años, tiene la misma filosofía. “Si nos toca regresar a nuestro país, pues regresamos” dice desde Fort Valley. Aunque reconoce que en Estados Unidos hay muchas oportunidades, prefiere dejar su destino en manos de Dios, “sólo Él sabe que nos pasará”.
Según el último informe del Fondo Latino Comunitario de Georgia, presentado este 19 de noviembre, en el estado se contabilizan 1.078.457 residentes latinos o hispanos en Georgia, lo que representa aproximadamente el 11% de la población del estado.
Por eso, Gustavo Torres el director ejecutivo de CASA Georgia, considera que el discurso de odio antinmigrantes dio resultados porque además de apelar a los sentimientos “más bajos del racismo” en Estados Unidos, también es parte de una retórica mundial que alcanza a países de Europa y Latinoamérica.
Irene trabaja desde detrás de un mostrador, tiene 20 años y confiesa que sí siente temor por los efectos que esas políticas puedan tener en su cotidianidad.
“Es un tema que está en el aire”, dice. A ella no la afecta personalmente pues nació en Estados Unidos, pero se preocupa por lo que pueda pasarle a su familia que lleva décadas en el país.
“He escuchado que ha habido deportaciones en el pasado y no todos tienen los recursos para enfrentar lo que eso significa”.
Anira ha vivido en Georgia por más de 20 años, es originaria de México y asegura que no ha escuchado mucho sobre el tema y prefiere mantenerse así, sin ahondar demasiado.
“En la tienda estamos tranquilos, ¿para qué nos vamos a espantar por nada?”, se pregunta al tiempo que comenta que, llegado el momento, si es que llega, se ocupará del tema.
Otro que prefiere mantenerse al margen es Luigi, un próspero comerciante quien está en el proceso por ajustar su estatus migratorio, tarea que no le ha resultado nada fácil. “Tengo más de 20 años aquí y sigo siendo indocumentado, pero no es porque no haya intentado regularizar mi situación”, dice, y admite que ha enfrentado muchas trabas y hasta discriminación, aunque aporta trabajos y recursos a la comunidad.
Aboga por que se cree una ley, una especie de amnistía que permita legalizarse a quienes tienen años viviendo en el país y no tienen historia criminal, pero guarda pocas esperanzas de que esto ocurra en el mediano plazo.
“Yo no le paro bolas a las noticias. Escucho comentarios, pero mientras más piensas en las cosas, más te afectan” afirma.
Sin embargo, aunque intenta evadir la realidad, también está consciente de que, si llegaran a desplegarse redadas para detener a personas indocumentadas, los grandes afectados serían los comerciantes “grandes y pequeños” y las empresas.
Recuerda cuán “terribles” fueron las redadas de 2012, que se extendieron durante el gobierno de Barack Obama, a lo largo de sus ocho años de mandato se deportaron más de 3 millones de personas, lo que le ganó el mote de “Deportador en jefe”, por parte de una de las organizaciones proinmigrantes más importantes en su momento.
Sin embargo, los planes de Trump parecen ser aún más ambiciosos. Aunque aún no se sabe a ciencia cierta cómo se desplegarán los recursos y ya varios expertos han alertado sobre la dificultad que tiene desde el punto de vista logístico y financiero, algunos de sus compañeros de fórmula han dado pistas de lo que puede significar.
El vicepresidente electo, JD Vance, dijo que las deportaciones podrían “comenzar” con un millón de personas.
Entre alguna de las medidas que se prevén serán impulsadas por el gobierno de Trump está la eliminación de beneficios y programas como DACA, el TPS y el recibimiento de refugiados. Torres asegura que hay unas 3 millones 600 mil personas con estatus temporal migratorio.
Por lo que ha trascendido en los medios de comunicación, Nicholls teme que se afecte la ciudadanía por nacimiento o la posibilidad de reapertura de casos cerrados de deportación.
¿Qué hacer?
Tanto CASA como GLAHR están desarrollando actividades para preparar a la comunidad latina sobre lo que pueden hacer anticipadamente antes del 20 de enero de 2025.
Torres destaca dos temas fundamentales. Uno, conocer los derechos personales y dos, tener preparado un documento legal que indique quién velará por los hijos y en mano de quién quedan las propiedades en caso de ser deportados. En inglés se llama power of attorney.
Uno de los datos más importantes para tener en cuenta es que ningún funcionario del orden público, léase policía, miembro del ICE o militar, puede entrar a tu residencia sin una orden judicial.
Torres especifica que si llegara una operación al lugar donde vives tienes el derecho a no abrir la puerta a menos que los funcionarios tengan la orden de un juez.
Igualmente advierte que en caso de ser detenido uno sólo debe decir su nombre y pedir hablar con un abogado. Nada más. No importa cuánto insistan las autoridades, uno sólo debe decir eso.
“Por el hecho de que seamos latinos, migrantes, negros, eso no significa que la policía nos puede parar. En caso de que eso ocurriera, es posible demandar al estado por discriminación”, Torres asegura que han llevado casos de esta naturaleza y los han ganado.
Nicholls refuerza la urgencia de estar preparados, sobre todo porque “no sabemos hasta dónde estarán dispuestos a cumplir sus amenazas.
Se hace eco de las palabras de Torres y resalta que lo que mueve este discurso antinmigrante es “es un profundo racismo, discriminación que la mayoría blanca se convierta en café con leche. Este miedo inculcado de la potencial pérdida de la supremacía blanca y esto tiene implicaciones muy graves”.
En cuanto a las consecuencias que la aplicación de estas medidas podría tener en la cotidianidad de la gente, todos coinciden en que la deportación masiva de inmigrantes podría afectar gravemente la economía nacional y disrumpir el equilibrio del sueño americano basado siempre en la igualdad de oportunidades y en el recuerdo de que este es un país hecho por inmigrantes.
Este artículo se publicó gracias a la beca periodística electoral de The Pivot Fund, una organización filantrópica que potencia las noticias comunitarias independientes lideradas por personas negras, indígenas o de color (BIPOC, por sus siglas en inglés).
