Juez federal frena el programa de parole in place del presidente Biden
Este beneficio evitaría la separación familiar que muchas familias tendrían que sufrir bajo el proceso normal de proceso consular.
Por: la abogada Bárbara Vásquez
El juez federal J. Campbell Barker pausó temporalmente la adjudicación (no la aceptación) de las solicitudes bajo el programa Manteniendo a las Familias Unidas.
La Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas emitió una orden judicial temporal en el caso State of Texas, et al v.United States Department of Homeland Security, impidiendo temporalmente que USCIS adjudique solicitudes de Parole-In-Place (PIP, por sus siglas en inglés) conforme al programa de “Manteniendo a las Familias Unidas”.
La orden judicial estará vigente por un período de 14 días, pero puede ser extendida por la corte por una causa justificada.
Aunque la orden judicial impide que USCIS adjudique solicitudes de PIP, la corte ha dictaminado que por ahora USCIS aún puede seguir aceptando solicitudes de PIP bajo dicho programa.
El juez J. Campbell Barker ha sido asignado a este caso presentado por Texas y otros estados liderados por republicanos contra el programa de la Administración Biden que beneficiaría a un gran número de cónyuges de ciudadanos de los Estados Unidos, siempre que cumplan con requisitos específicos.
Si se concede el PIP a los solicitantes del beneficio, los cónyuges e hijastros calificados de ciudadanos estadounidenses podrían tener un camino para obtener el estatus de residente permanente legal sin tener que salir de los Estados Unidos para procesar su caso.
Este beneficio evitaría la separación familiar que muchas familias tendrían que sufrir bajo el proceso normal de proceso consular.
El programa “Manteniendo a las Familias Unidas” de la Administración Biden también beneficiaría al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Estado, que actualmente están enfrentando un enorme retraso en los casos relacionados con exenciones por presencia ilegal y el procesamiento consular de visas de inmigrante.
El juez Barker, uno de los dos jueces nombrados por el expresidente Donald Trump, argumentó en su decisión de pausar la adjudicación (no la aceptación) de las solicitudes de PIP recibidas por USCIS, al declarar que la pausa de 14 días del programa, que podría extenderse por una causa justificada, dará al tribunal tiempo para evaluar su legalidad.
Texas, junto con los otros estados que se han unido a la demanda, argumentan que el programa recompensa la inmigración ilegal, que los estados sufrirían un daño irreparable al tener que usar recursos financieros para proporcionar beneficios a los beneficiarios inmigrantes elegibles, y que la Administración Biden excedió su autoridad bajo la ley al conceder lo que los estados han llamado parole en masa.
Los estados argumentan que la autoridad de otorgar parole no es ilimitada y que la ley requiere su uso de manera individual y por necesidades humanitarias urgentes.
Tras la demanda presentada por Texas y otros 15 estados, 11 personas, así como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), presentaron una moción para intervenir en el caso, de modo que el juez Barker escuche la perspectiva de los inmigrantes sobre su lucha por la legalización, los desafíos que ellos y sus familias enfrentan bajo el actual sistema de inmigración draconiano y roto, sus contribuciones a la sociedad estadounidense y cómo los inmigrantes se verían perjudicados por la separación de sus familias después de décadas de vivir en los Estados Unidos.
Los 11 individuos están siendo representados por el Justice Action Center y Make the Road New York.
