Segundo revés judicial para ICE: Prohíben uso de base de datos del IRS para cacería de inmigrantes
La jueza federal Indira Talwani ordenó al IRS detener de inmediato la entrega de domicilios a ICE, citando el riesgo de arrestos erróneos de ciudadanos estadounidenses y la violación de leyes de privacidad. El fallo prohíbe además que ICE utilice las 47,000 direcciones que ya le fueron entregadas por la administración federal
Privacidad fiscal bajo fuego
La administración federal enfrentó este jueves un nuevo obstáculo legal en su intento de convertir al Servicio de Impuestos Internos (IRS) en un brazo de inteligencia migratoria. La jueza de distrito Indira Talwani bloqueó el acuerdo de intercambio de información entre el Departamento del Tesoro y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), advirtiendo sobre las graves consecuencias constitucionales de esta práctica.
El fallo de Talwani no solo detiene futuros envíos de datos, sino que impone una restricción crítica: ICE tiene prohibido utilizar la información que ya recibió. Se reveló que, en agosto pasado, el IRS entregó las direcciones de aproximadamente 47,000 contribuyentes a las autoridades migratorias, un movimiento que generó conmoción interna dentro del propio IRS por posibles violaciones a la confidencialidad tributaria.
El peligro de los “falsos positivos”
Uno de los puntos más contundentes del fallo fue el riesgo de arrestos injustos. La jueza citó el caso de ChongLy Thao, un ciudadano estadounidense en Minnesota que fue sacado de su casa por agentes de ICE sin una orden judicial, tras ser confundido con un delincuente debido a un error en los registros de dirección.
“Las comunidades inmigrantes no solo comparten apellidos comunes, sino que a menudo viven en hogares compartidos o complejos de apartamentos”, escribió la jueza Talwani, subrayando que el uso de estas bases de datos es impreciso y peligroso.
Esta decisión respalda el fallo previo de la jueza Colleen Kollar-Kotelly, quien en noviembre dictaminó que este acuerdo violaba flagrantemente la ley de confidencialidad del contribuyente, la cual solo permite revelar datos en investigaciones criminales no relacionadas con impuestos bajo protocolos muy estrictos.
La batalla por la privacidad del contribuyente está lejos de terminar, ya que el gobierno federal ha apelado los fallos anteriores. No obstante, esta resolución judicial actúa como un recordatorio de que, incluso en tiempos de presión migratoria extrema, las leyes de confidencialidad financiera son un pilar que protege a todos los residentes de EE. UU., sin importar su estatus. El caso de ChongLy Thao es una advertencia: cuando la burocracia fiscal se mezcla con la vigilancia policial, el margen de error lo pagan las familias.
