Condenan a mujer de Warner Robins por fraude millonario contra Medicaid en Georgia
El Fiscal General de Georgia, Chris Carr, anunció la condena de Elizabeth Sue Ivester, de 63 años y residente de Warner Robins, por su participación en un esquema de fraude contra el programa estatal de Medicaid, mediante el cual se apropiaron de más de 5.4 millones de dólares.
Ivester fue hallada culpable de un cargo de fraude en el sistema de salud y un cargo de robo de identidad agravado. El pasado 2 de octubre de 2025, se declaró culpable ante el Tribunal Federal del Distrito Medio de Georgia, División de Macon.
Posteriormente, el 8 de enero de 2026, fue sentenciada a un total de 11 años, de los cuales deberá cumplir siete años en prisión federal y el resto bajo estricta libertad condicional. Además, el tribunal ordenó el pago íntegro de una restitución por un monto de 5,437,283.26 dólares.
El caso fue presentado por la División de Fraude a Medicaid y Protección al Paciente de la Fiscalía General de Georgia, en colaboración con la Fiscalía Federal del Distrito Medio de Georgia y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS-OIG).
“Que esto sirva de mensaje para cualquiera que intente abusar y explotar nuestro programa de Medicaid: será identificado, procesado y obligado a devolver hasta el último dólar robado”, afirmó el fiscal general Chris Carr. “Este fue un esquema masivo que defraudó no solo a los contribuyentes de Georgia, sino también a pacientes reales que necesitaban atención médica. Es inaceptable, ilegal y no será tolerado en nuestro estado”.
Por su parte, Kelly Blackmon, agente especial a cargo del HHS-OIG, destacó que la agencia mantiene su compromiso de exigir responsabilidades a quienes explotan a los pacientes de Medicaid para obtener beneficios económicos ilícitos, subrayando la importancia de proteger la integridad de los programas federales de salud en coordinación con otras agencias de seguridad.
De acuerdo con la investigación, Ivester, como propietaria y operadora de la empresa Liberty Medical, Inc., presentó un total de 77,095 reclamaciones fraudulentas por equipos médicos duraderos (DME) que nunca fueron ordenados ni entregados. Estas reclamaciones, que superaron los cinco millones de dólares, utilizaron de manera indebida los números de identificación de 7,684 beneficiarios de Medicaid y falsificaron la identidad de un médico prescriptor.
Este caso forma parte de una operación nacional coordinada de las fuerzas del orden que derivó en cargos criminales contra 324 acusados, señalados por defraudar programas destinados a la atención de personas mayores y con discapacidades. La investigación estuvo a cargo del HHS-OIG y el proceso judicial fue liderado por Tarrea D. Williams, de la División de Fraude a Medicaid y Protección al Paciente de la Fiscalía General de Georgia, en su función como fiscal federal adjunta especial.
