Juez escuchará hoy argumentos de una demanda en el caso Mario Guevara detenido por ICE
Un juez federal del Distrito Sur de Georgia escuchará hoy miércoles los argumentos sobre si el periodista Mario Guevara, del área de Atlanta, debe ser liberado de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Ayer la Unión Americana de Libertades Civiles—ACLU dijo que sus abogados estarán en Brunswick atendiendo la audiencia luego de la cual harán una rueda de prensa.
Guevara, de 47 años, ha estado detenido desde el 14 de junio pasado tras ser arrestado por la policía de Doraville mientras cubría una protesta contra la ola de arrestos de inmigrantes en el país.
Los cargos locales fueron posteriormente retirados, pero ICE lo transfirió a un centro de detención migratoria. Desde entonces, ha sido trasladado a varias instalaciones, la más reciente en Folkston, a más de cinco horas de su familia.
Una nueva demanda
La semana pasada, los abogados de Guevara, junto con la ACLU, la ACLU de Georgia y la Clínica de la Primera Enmienda de la Universidad de Georgia, presentaron una petición de hábeas corpus alegando que el gobierno está tomando represalias contra él por sus reportajes, que incluyen la transmisión en vivo de videos de actividades policiales. Argumentan que su detención viola sus derechos amparados por la Primera Enmienda y las protecciones del debido proceso.
“El periodismo de alta calidad depende de que los reporteros puedan documentar y compartir lo que ven sin temor a represalias”, declaró Scarlet Kim, abogada principal del Proyecto de Discurso, Privacidad y Tecnología de la ACLU, antes de la audiencia. El equipo legal de Guevara solicita al tribunal que ordene su liberación inmediata para que pueda reunirse con su familia y regresar a su trabajo.
La fiscalía niega las acusaciones.
La fiscalía federal argumenta que Guevara fue puesto en proceso de deportación debido a su estatus migratorio, no a su trabajo periodístico. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional afirmó previamente que las acusaciones de represalias son “completamente falsas”.
Los abogados del gobierno también sostienen que la transmisión en vivo de agentes encubiertos y vehículos podría poner en peligro a las fuerzas del orden. Los abogados de Guevara argumentan que filmar a funcionarios públicos en espacios públicos es una actividad protegida.
