Gobierno de Trump solicita a la Corte Suprema permitir interrogar a quienes hablen español
Trump busca revertir una orden judicial que prohíbe detener o interrogar personas basándose únicamente en el idioma, la raza o el empleo, lo que ha generado alarma entre defensores de derechos civiles.
El Gobierno de Donald Trump ha presentado una petición urgente ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que se le permita a las autoridades migratorias interrogar y detener a personas que hablen español o inglés con acento, como parte de sus operativos en el centro del país. Esta solicitud busca revertir la prohibición establecida por una jueza del distrito, Maame Frimpong, y respaldada por el Noveno Circuito, que impide basar detenciones únicamente en características generales como el idioma, la apariencia, el tipo de trabajo o la ubicación geográfica.
La administración sostiene que, en zonas donde reside una alta concentración de personas provenientes de México, El Salvador y Guatemala —muchas de ellas hispanohablantes—, el idioma puede formar parte de un conjunto de factores que generan “sospecha razonable” de una posible estancia ilegal. Argumentan que esta restricción judicial obstaculiza la labor de aplicación de la ley migratoria.
Por su parte, organizaciones como la ACLU y UnidosUS han criticado con vehemencia esta postura, señalando que institucionaliza un sistema de perfiles que podría criminalizar y hacer sospechosos a millones de ciudadanos y residentes legales cuya lengua materna es el español. Denuncian que estas prácticas fomentan un entorno de miedo, dificultando la colaboración con autoridades incluso ante delitos evidentes.
El fallo de Frimpong —que impide los operativos migratorios “ambulantes” o “roving raids” basados en perfiles sociolingüísticos— fue dictado tras bajo nivel de evidencia sobre un vínculo entre idioma y estatus migratorio. La Corte Suprema ahora tiene en sus manos la decisión de otorgar una suspensión temporal a esa orden judicial, mantenerla o prolongar su evaluación mientras avanza el litigio.
La resolución del caso podría marcar un precedente histórico. Si el alto tribunal permite el uso del idioma como factor de detención, se abriría la puerta a redadas más agresivas, no solo en California, sino potencialmente en todo el país, con profundas implicaciones para los derechos constitucionales de millones de personas.
