El amor entre Chandler Sheffield, de 22 años era tan prohibido que no bastaba con que fuera correspondido, solo el haberlo confesado ya era un delito que debía pagar muy caro y de eso, al parecer se dio cuenta demasiado tarde.
El problema es que no se trataba solo de amor, debía superar las barreras de su trabajo, su responsabilidad, la ética, los juramentos, pero, sobre todo, la propia justicia.
Sheffield era un empleado desde el 2023 de la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe y estaba a cargo de la vigilancia del reclusorio donde conoció a una de las internas con la cual mantuvo una relación no se sabe por cuánto tiempo, pero ese pequeño detalle lo llevó a su arresto.
El joven ahora enfrenta cargos por mantener una “relación inapropiada” con una reclusa, según un comunicado de prensa de la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe.
Se afirma que fue arrestado y acusado de agresión sexual a una persona bajo custodia y violación del juramento del cargo.
“Este caso se manejará con la misma diligencia y compromiso con la justicia que cualquier otro”, declaró la oficina del sheriff.
“Espero que el público vea este incidente como lo que es: una decisión aislada, deficiente e individual que no define a la dedicación de los oficiales de nuestra oficina”.
Además, se indica que la investigación comenzó el martes cuando se notificó al personal administrativo sobre una posible relación inapropiada entre Sheffield y una reclusa en la cárcel del Condado de Monroe.
Esto dio lugar a una investigación “inmediata” que finalmente llevaría a Sheffield a prisión, según el comunicado de prensa.
“Independientemente de quién sea el presunto autor del delito, llevamos a cabo investigaciones exhaustivas y presentamos cargos cuando las pruebas lo respaldan”, declaró la oficina del sheriff.
¿Por qué su amor no podía ser correspondido?
Según el Departamento de Correccionales de Georgia, es ilegal que los funcionarios de prisiones tengan contacto sexual con reclusos, incluso con su consentimiento.
La agencia afirma que los reclusos no pueden consentir legalmente ninguna actividad con personas en puestos de poder.
Como resultado, los agentes pueden ser acusados de agresión sexual, asalto sexual, mala conducta oficial o agresión física.
El delito también viola las leyes estatales y federales, incluida la Ley de Eliminación de la Violación en Prisiones, que busca prevenir el abuso sexual en los centros penitenciarios.
